PHOENIX, EE.UU., 7 de mayo (EFE/AFP).- Traficantes de personas, policías corruptos, cárceles privadas, aerolíneas y albergues, todos parecen sacar partido económico de la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos y México, en la que incluso hasta el Gobierno de Donald Trump quiere cobrar una tasa a los solicitantes de asilo.
Una red completa de negocios privados y organizaciones obtienen ganancias millonarias de la crisis migratoria provocada por el gran flujo de migrantes centroamericanos que cruzan a diario la frontera sur del país.
Unos de los grandes beneficiados son sin duda las corporaciones que controlan los centros de detención en los que el Gobierno mantiene a miles de indocumentados mientras avanza su proceso migratorio o su deportación.
En el primer trimestre del año, Geo Group logró un beneficio de 40 millones de dólares, por los 35 del mismo periodo de 2018, mientras que la otra gran empresa del sector, Corecivic, cerró el último trimestre del año pasado con unos beneficios de 41 millones.
“Es un sistema que busca encerrar a los inmigrantes y deportarlos, pero en ese proceso no les dan las condiciones básicas que debe de recibir un ser humano, solo quieren hacer mucho dinero, pero no aseguran que reciban el cuidado médico adecuado y el trato digno”, asegura a Efe Daniel Rodríguez, abogado migratorio.
También sale beneficiado el sector del transporte, tanto las compañías que trasladan a los inmigrantes desde la frontera hasta los centros de detención como las aerolíneas a las que contratan para deportar a los inmigrantes.
Desde 2018, ICE tiene un acuerdo con la empresa Classic Air Charter (CAC), responsable de organizar la mayor parte de los vuelos de ICE Air a cambio de 646 millones de euros, según datos de la Oficina de Contabilidad del Congreso (GAO).
También reciben fondos públicos las iglesias y albergues que alojan temporalmente a los inmigrantes ahora que las autoridades migratorias no dan abasto y deben soltarlos para hacer espacio a los recién llegados.
“Hay una gran necesidad de transparencia en la contabilidad del dinero que reciben las iglesias y los albergues ¿Qué pasa con ese dinero? Me preocupa saber qué están ofreciendo con los fondos y que se explique su uso”, dice a Efe Roberto Reveles, fundador del grupo Somos América en Arizona.
El expresidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Arizona indica que “desgraciadamente se está sacando ganancia de la tragedia” tanto por parte del sistema gubernamental, las empresas privadas y los albergues.
Cecilia García, fundadora y directora ejecutiva de 100 Angel Foundation, organización que brinda ayuda médica en albergues y refugios, coincidió en este punto al decir que, debido a que las donaciones se van directamente a las iglesias, se ven muy limitados en la asistencia que ellos brindan a los inmigrantes.
“Hemos atendido a casi 9.000 migrantes, trabajamos con 50 doctores, voluntarios, les damos asistencia médica y dental, nosotros gastamos un promedio de 10 dólares por persona, y a nosotros no nos llegan los fondos, todo se va a las iglesias y de las cuales no recibimos nada”, comenta.
No cortar la ayuda a Centroamérica
Más de un centenar de legisladores de Estados Unidos pidió al gobierno de Donald Trump revocar “inmediatamente” su decisión de cortar la ayuda al desarrollo en Centroamérica, en una carta enviada el lunes al jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
Según los 101 congresistas demócratas, encabezados por Norma Torres, de California, y Albio Sires, de Nueva Jersey, suspender cientos de millones de dólares de asistencia extranjera al llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), perjudicaría seriamente los intereses de Estados Unidos.
“Los avances en la reducción de la violencia y la pobreza se revertirán, más niños y familias del Triángulo del Norte se verán obligados a huir de sus comunidades, y la situación en nuestra frontera empeorará, no mejorará”, indicaron los legisladores en la misiva.