Jorge Gómez Barata
A principios del mes de abril Estados Unidos sancionó a 34 buques y dos compañías por transportar petróleo a Cuba. Desde entonces la lista ha crecido, agregando embarcaciones, armadores, países bajo cuyas banderas navegan los barcos, firmas comerciales y aseguradoras. Tratándose de una isla y del petróleo, semejante cerco naval es letal.
Aunque de otra manera esta situación se enfrentó cuando a fines de la década de los ochenta del siglo XX sucumbieron los regímenes socialistas de Europa Oriental, con todos los cuales Cuba mantenía relaciones económicas, comercio fluido y acuerdos de colaboración. En 1991 colapsó la Unión Soviética. Todos esos países no solo se apartaron de la Isla, sino que se convirtieron en sus críticos y adversarios, sumándose conscientemente al bloqueo de los Estados Unidos. Fidel Castro lo llamó “Doble bloqueo”.
Además del petróleo faltaron alimentos, entre ellos la leche, imprescindible para bebes, niños, y ancianos, y los medicamentos de los cuales los enfermos no pueden prescindir. Entonces se detuvieron los envíos de materias primas, piezas de repuesto, y todo lo demás. La economía cubana entró en caída libre, y los apagones sumaban largas horas. Fidel Castro llamó a la resistencia y el pueblo respondió.
Como paliativos se previeron iniciativas como “ollas colectivas” traslados a pie o en bicicletas, desarrollo de la medicina verde, y otras medidas, tan heroicas como trágicas. Así se instauró el llamado “Período Especial”, una categoría de la nomenclatura militar, concebida para circunstancias de guerra, a la que sin embargo se acudió sin que tronaran los cañones.
De ese modo se llegó a lo que entonces de se llamó “Opción cero”, caracterizada por cero petróleo, que significaba cero todo. Sin petróleo se detenía la industria y la actividad agrícola, cesaba la generación de electricidad, se paralizaba el transporte automotor, aéreo y ferroviario, era preciso detener las construcciones, afectar las comunicaciones y el bombeo de agua, el funcionamiento de los acueductos y olvidarse de la recogida de basura. Todo ello tenía un impacto directo sobre el funcionamiento de centros de salud y educacionales.
Una crisis de tales proporciones obligó a medidas extremas, incluso concebir y planificar la evacuación de La Habana, donde sin agua, electricidad, ni comida sería imposible vivir. Ante la tragedia, los amigos reaccionaron y comenzaron a llegar donaciones, ante lo cual Estados Unidos respondió aprobando en 1992 la Ley Torricelli, que entre otras cosas penalizaba los barcos que entraran en Cuba, que luego no podrían hacerlo en puertos de los Estados Unidos. Europa se sumó, y en 1996 introdujo la “posición común” contra Cuba.
Para la pregunta ¿qué hacer? no hay respuestas fáciles, ni puede ser saldada con consignas o llamados. Como se sabe es preciso resistir, teniendo en cuenta que resistir no es sufrir, ni la resistencia es un programa político, sino una eventualidad.
Es preciso movilizar apoyos y conquistar espacios para la denuncia, entre otras cosas promover la convocatoria y encontrar copatrocinios para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y buscar barcos, incluso comprándolos a Venezuela, que una vez registrados en puertos cubanos e inscriptos en el Registro Internacional de Buques, naveguen bajo bandera cubana y con tripulaciones propias. Se tratará entonces de naves que no pueden ser sancionadas ni intimidadas.
No hacen falta 30 buques. Maracaibo está a unos a unos mil kilómetros, y se navega por aguas abiertas, donde es posible ofrecer protección a los navíos.
A la vez que se resiste, se movilizan los apoyos y se reiteran las propuestas negociadoras, es bueno advertir que todas las alternativas permanecen abiertas, menos la “opción cero”.