Zheger Hay Harb
El autoproclamado presidente Juan Guaidó entró a Colombia desde Venezuela cruzando la frontera apoyado por bandas paramilitares.
Hay documentos gráficos que lo muestran en compañía de John Jairo Durán, alias Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, con quienes hizo la travesía. Fue cuando apareció, el 23 de febrero de 2018 en Cúcuta, ciudad fronteriza, para participar en el sainete montado por el gobierno colombiano con apoyo de Estados Unidos (recordar a Bolton dejando ver un apunte en su libreta que decía que iban a enviar 5,000 soldados a Colombia) con el supuesto propósito de enviar ayuda humanitaria a Venezuela.
Guaidó fue presentado ahí como héroe y el presidente Duque dijo que había desplegado un derroche de diplomacia y aparataje militar para apoyar la gesta heroica que significaba el viaje del venezolano. Ese fue el día que anunció que Maduro tenía las horas contadas. Llevamos más de año y medio contándolas.
La realidad es bien distinta. Según denuncia de la ONG Progresar, la misma que dio a conocer los hornos crematorios que los paramilitares usaban para desaparecer a sus víctimas, los paramilitares que transportaron a Guaidó se lo entregaron a las autoridades colombianas. En el trayecto amenazaron a las comunidades para garantizar su silencio: “Tenemos los relatos de la comunidad, en donde nos cuentan cómo paramilitares de los Rastrojos los obligaron a encerrarse durante 24 horas, hasta cuando el Sr. Guaidó llegó a Agua Clara y fue recogido por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta y de la gobernación (de Norte de Santander, el departamento limítrofe)”.
Cuatro meses después estos dos personajes fueron capturados por la policía, confesaron su pertenencia a la banda paramilitar de Los Rastrojos y reconocieron ser las dos personas que aparecen en las fotografías acompañando al presidente de opereta.
Estas bandas son disidencias del proceso de desmovilización de los paramilitares que adelantó Alvaro Uribe durante su presidencia. Sólo que él no habla de eso, muy ocupado en demostrar que los disidentes de la guerrilla de las FARC, menos del 5% del total de sus integrantes, significan el fracaso del proceso de paz.
Pero lo que ahora aparece no es lo único que demuestra que las autodefensas no desmovilizaron a sus tropas. Los jefes se entregaron y fueron extraditados cuando, según dijo Mancuso, uno de los más importantes, iban a empezar a hablar. En Estados Unidos fueron procesados sólo por el delito de narcotráfico; nada se dijo de su responsabilidad en las masacres ni en el robo de tierras y desplazamiento de campesinos. Ahora están regresando después de haber cumplido las penas que allá les impusieron, rebajadas según negociación con entrega de bienes y están pidiendo ser admitidos en la Justicia de Paz –JEP- donde prometen decir toda la verdad.
Eso explica por qué Alvaro Uribe y sus aliados se oponen férreamente a que los llamados terceros sean admitidos en la justicia transicional: muchas verdades incómodas pueden salir a flote sobre la responsabilidad de agentes civiles del Estado, empresarios y ciudadanos en general. El viernes pasado se cumplió el plazo para que se presentaran ante esa jurisdicción y 657 se acogieron a ella. Actualmente cursa un proyecto de ley que busca ampliar el plazo para que otras personas puedan presentarse y recibir sus beneficios a cambio de verdad, justicia y reparación a sus víctimas.
La revelación que se conoció hoy con respaldo de pruebas sobre la alianza del gobierno colombiano con bandas paramilitares, en este caso para apoyar a Guaidó contra el gobierno de Venezuela, ofrece una cara problemática de ese enfrentamiento. Era un secreto a voces pero no se conocía una prueba suficiente.
Si, como dice el gobierno de Duque, Maduro cuenta con el apoyo de las disidencias de las FARC, incluida la muy histriónica de Iván Márquez y Santrich y el gobierno colombiano acude al apoyo de bandas paramilitares y ambos gobiernos rechazan el diálogo ¿estamos escalando hacia una guerra de bandidos?