Zheger Hay Harb
El general Mario Montoya, excomandante general del ejército acusado de un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales, fue aceptado en la Justicia Especial de Paz (JEP) a la cual se acogió y en la primera audiencia dijo que invocaba su derecho a guardar silencio.
La justicia transicional fue concebida como una herramienta para desarrollar el acuerdo de paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Es una justicia restaurativa que acepta bajar los estándares punitivos en aras de alcanzar el bien superior de la paz, reparar a las víctimas y llegar a la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado interno. La disminución del castigo, que puede llegar a permitir que el perpetrador de crímenes en esta guerra infame no deba pagar su pena en recintos carcelarios, tiene como condición indispensable que quien se someta a ella cuente toda la verdad incluida la propia responsabilidad.
Como la normativa de la JEP establece que quien se someta a ella y acepte sus condiciones estando recluido en prisión pueda ser excarcelado si ya cumplió cinco años de la pena que le había impuesto la justicia ordinaria, varios militares retirados incursos en delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamadas falsos positivos, se han sometido a ella prometiendo “contar toda la verdad” pero sin asumir ninguna responsabilidad.
Para salvar el acuerdo de paz luego de que el NO ganó en el plebiscito, se hicieron modificaciones, no siempre las mejores, buscando resguardar la esencia de este pacto que pretende dejar atrás los días más amargos de un conflicto que lleva más de 60 años. Una de esas reformas fue la de modificar las condiciones para juzgar a los militares desdibujando la cadena de mando para establecer responsabilidades. Muy posiblemente la Corte Penal Internacional asumirá la competencia para juzgar a militares por considerar que la normativa internacional es más estricta. Pero eso se verá solamente cuando se hayan dictado fallos definitivos.
Lo mismo ocurrió con la responsabilidad de terceros (empresarios y políticos) que hubieran cometido delitos en el marco y con ocasión del conflicto: la Corte Constitucional zanjó los debates estableciendo que éstos sólo podrán ser juzgados cuando comparezcan voluntariamente a la JEP.
Pero lo que sí no ha tenido variación es la necesidad de que quienes se acojan a esta justicia digan la verdad. Así, la gradación del castigo depende de si se acepta la responsabilidad al comienzo, avanzada una etapa del proceso o sólo al final.
Esto parece que no ha sido comprendido por algunos militares que se han sometido a la JEP. El caso que nos ocupa puede considerarse paradigmático porque el general Montoya ha sido señalado como responsable de varios casos de este atroz delito en el transcurso de varios años y en varias regiones del país.
La expectativa sobre su primera comparecencia concluyó en una gran decepción cuando invocó el derecho a guardar silencio. Sus víctimas, que siempre se han opuesto a que este militar fuera aceptado en la JEP, hicieron un plantón frente al edificio del tribunal mostrando los retratos de los miles de inocentes que pagaron con sus vidas los ascensos, recompensas en dinero y permisos de sus victimarios. La indignación aumentó ante el cinismo de Montoya: dijo que los crímenes los cometieron soldados de los más bajos estratos sociales porque son muy ignorantes y no conocen la diferencia entre resultados y asesinatos. ¿Eso cabrá dentro del concepto de honor militar que tanto pregonan? ¿O ese supuesto honor sólo cobija a los oficiales de mayor rango sin importar sus delitos?
Como no podía faltar, el expresidente Alvaro Uribe dijo de quien fue comandante del ejército durante su presidencia y se vio obligado a pasar a retiro cuando estalló el escándalo de los falsos positivos: “el general Montoya es un héroe de la patria”.
Uribe sabe por qué lo dice: Montoya puede arrastrarlo en su caída. Los falsos positivos fueron la respuesta del ejército a la política presidencial que estableció una escala de recompensas según las bajas que hiciera el ejército. “Si usted era comandante de división y quería ser merecedor a la medalla de orden público, tenía que conseguir 300 bajas; un comandante de brigada, 150 bajas; y si era comandante de batallón, 50. “Las bajas no es lo más importante, es lo único” decía una de tantas directivas que han sido denunciadas por Human Rights Watch” según la periodista María Jimena Duzán.
“No quiero regueros de sangre… ¡quiero ríos de sangre!” declaró uno de los oficiales condenados por estos delitos.
Ya para esa época (2006-2008) Montoya era veterano en eso de matar y desaparecer inocentes. En 2002, siendo comandante de la IV Brigada del ejército en Medellín, se desarrolló la operación Orión que concluyó con un reguero tal de víctimas que aún no se han podido contar. En 2009 el jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, envió una carta de su puño y letra al juez de su proceso por narcotráfico en Estados Unidos, cuando Uribe lo extraditó junto con los demás cabecillas “cuando iban a empezar a hablar” como dijo Salvatore Mancuso, uno de los más importantes de esa estructura criminal: “las fuerzas de autodefensa del Bloque Cacique Nutibara llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”.
Actualmente se presenta en varias ciudades del país una exposición itinerante del periodista y fotógrafo Jesús Abad Colorado; en varias de ellas se ve a un encapuchado señalándole al ejército las viviendas donde, según él, vivían guerrilleros que han empezado a aparecer ahora en fosas comunes. El propósito oficial de esa acción era expulsar de esa comuna a las milicias del ELN pero su efecto fue la entrega de su control a los paramilitares dirigidos por don Berna.
Esas son apenas algunas de las hazañas de quien ahora el ex presidente Uribe quiere que consideremos héroe de la patria.