Jorge Gómez Barata
Conocí ayer dos apelaciones al gobierno cubano. Una breve y perentoria: “Cierren los aeropuertos: ¡Ya!” La otra suena como una súplica: “Pido, por favor, al gobierno cubano que NO envíe a nuestro personal médico a ningún sitio…”
A propósito, se supo que las autoridades chinas creen haber identificado al “paciente cero”. Un hombre que contrajo el virus a mediados de noviembre de 2019. Desde entonces han transcurrido más de100 días, al cabo de los cuales hay en Cuba tres enfermos, ningún fallecido y alrededor de 150 contactos bajo vigilancia médica. ¿Por qué, entonces, cerrar los aeropuertos?
El otro compatriota pide que “no se envíe personal médico y de enfermería a ninguna parte…” El caso es que el gobierno no los envía.
En todo caso, convoca a profesionales capacitados y en pleno uso de sus derechos a que actúen de modo voluntario. Probablemente muchos asuman el cometido no como una tarea, sino como una oportunidad.
Conozco a compañeros, yo entre ellos, que creen que valió la pena ir a Angola donde los riesgos eran enormes.
En diciembre de 2019, China fue sorprendida por la agresividad del COVID-19, pero Europa y Estados Unidos no. De hecho, desde fines de diciembre de 2019 y principio de marzo de 2020, tuvieron más de 60 días para prepararse. La alerta fue temprana, aunque la reacción resultó tardía.
La alarma, por momentos mezcla de impotencia con histeria, está motivada no solo por la fulminante propagación del COVID-19, sino por la ineficacia de los sistemas de salud para responder a situaciones extraordinarias de los gobiernos para orientar la acción social y de las sociedades para observar reglas mínimas.
Cuba, con más de 100,000 médicos y suficiente personal de enfermería, más de 3,000 camas hospitalarias para ese fin, los medios de diagnóstico y medicamentos necesarios y una movilización nacional liderada por el presidente de la república, administra la amenaza, sin demandar de la población sacrificios extraordinarios ni costos en los cuales no puede incurrir.
La solvencia cubana emana de haber enfrentado dos grandes epidemias:
Fiebre Porcina Africana en 1980 y un repentino brote de Dengue que en 1981 afectó a más de 300,000 personas, 158 de las cuales fallecieron.
Para estudiar, participar en eventos o curarse, a la isla llegan por miles, personas de países pobres y clima tropical donde abundan enfermedades infecciosas. También los cubanos, en cantidad de cientos de miles, como ocurrió en Angola, viajan y hacen estancia en esos países. Rechazar a unos e impedir viajar a otros, no es parte de la doctrina nacional de salud.
La solvencia cubana se explica porque desde hace décadas, a la existencia de un eficaz modelo de salud, cuya base lo constituye un sistema de atención primaria, se sumó un enfoque avanzado de la cuestión epidemiológica, para la prevención y el tratamiento de enfermedades como Dengue, Zika, Cólera, Chikunguya y otras. Las fortalezas de Cuba evidencian que no siempre se trata de dinero.
De un día para otro, algún país desarrollado puede disponer de cincuenta mil millones de dólares para lidiar con la pandemia, no obstante, con ninguna cantidad de dinero podrá instalar un sistema de atención primaria nacional y disponer de capacidades hospitalarias para lidiar con la crisis del COVID-19. Tampoco es posible inculcar, a todas las personas, el hábito de acudir al médico como hacen los cubanos, entre otras cosas, porque ninguno saldrá de la consulta endeudado ni arruinado.
La tarea del momento, como sugiere la Organización Mundial de la Salud, es identificar, aislar y curar a los infestados y controlar rigurosamente a sus contactos. En cuanto a los turistas, personas presumiblemente sanas, chequeadas en sus países y vueltas a examinar al llegar a la isla, no hay nada que temer. Como siempre se ha hecho, quienes arriben sanos serán atendidos y aquéllos que lamentablemente se enfermen, serán curados. Allá nos vemos.