Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Al escondido, como acostumbra este gobierno, sin autorización del Congreso y sin concepto favorable del Consejo de Estado, llegaron al país 800 militares estadounidenses con el pretexto de asesorarlo en la lucha contra el narcotráfico.
¿Asesorarnos? ¿Al país que cuenta con la mayor experiencia en la lucha contra ese flagelo? Colombia podría montar una escuela internacional para enseñar lo que no debe hacerse bajo presión de Estados Unidos que se atreve a asumir un papel de juez que determina si un país se ha portado bien o no, según la obsecuencia con que haya servido a sus intereses.
En casos como el del embajador de Colombia ante Uruguay, en cuya finca se encontró un laboratorio para procesar cocaína, que sólo fue retirado del cargo ante la presión mediática y sigue muy campante fuera de la cárcel ¿la situación se debe a falta de asesoría, o a corrupción? ¿Necesitábamos que vinieran los marines a decirnos qué debíamos hacer teniendo una legislación tan avanzada y todo el andamiaje judicial experimentado en ese tipo de delitos?
Asesoría en drogas nos ha dado Estados Unidos desde cuando en los años sesenta los Cuerpos de Paz introdujeron a los campesinos en la siembra y consumo de marihuana y en el procesamiento de cocaína y su tráfico. Esa tropa de jóvenes que supuestamente venían a generar en ellos el sentimiento de amor a la democracia para contrarrestar la influencia de la guerrilla, nos inició en esa maldición que desde entonces nos ha costado tanta sangre.
Nunca supimos que alguno de esos jóvenes hubiera sido condenado, así como tampoco lo fue en 2005 el agregado militar de la embajada de Estados Unidos que utilizando la valija diplomática enviaba cocaína a su país.
Y el alcalde de Washington, Marion Barry, juzgado en 1990 por posesión de cocaína, salió con una condena ridícula, bastante lejos del terror que nos impusieron los narcotraficantes colombianos pedidos en extradición por Estados Unidos con bombas y derribo de aviones de pasajeros.
¡Y ahora vienen a enseñarnos! Piensan que alguien puede creerles porque están acostumbrados a ver que los gobiernos colombianos se arrodillen ante ellos. En 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos respondió a la amenaza de Trump de descertificar al país si no endurecía la lucha antidrogas: “yo no necesito que nadie me amenace para hacer lo que sé que necesito hacer”. Es la vez que más fuerte se ha contestado a una amenaza imperial y en respuesta Estados Unidos arreció sus ataques al proceso de paz y el sistema de verdad, justicia y reparación derivado de él.
Así ha sido siempre: nosotros derramamos nuestra sangre y ellos consumen y ahí seguimos, aceptando que con ese pretexto violen la soberanía nacional enviando tropas en provocación a nuestra vecina Venezuela con el peligro de que en caso del “tiroteo”, como dice Trump, el fuego no llegará hasta él pero a nosotros sí acabará por incendiarnos.
Resulta imposible separar la llegada de esas tropas de la constante agresión de Duque a Venezuela haciéndole el mandado a los gringos. Ante el fracaso de la “ayuda humanitaria” en febrero de 1919 con el cual debíamos empezar a contar las horas que le quedaban a Maduro en el poder, Duque no ha dejado de amenazarlo e incitar al golpe de estado. En esa ocasión John Bolton, entonces asesor de seguridad de Trump, dejó ver, como al descuido, una anotación en su libreta que decía: “5,000 soldados a Colombia”, en franca provocación. Ahora la instalación de tropas gringas en nuestro país nos hace parte de un conflicto que involucra de rebote a Irán, Rusia y China.
Nuestra frontera con Venezuela tiene más de 2,000 kilómetros y es tan porosa que el cierre de los pasos fronterizos que ante cualquier provocación hacen ambos gobiernos lo único que logra es fortalecer los cruces irregulares controlados por paramilitares (la banda Los Rastrojos se encargó de traer a Guaidó al famoso concierto), guerrilla, disidentes de las FARC, contrabandistas y bandas criminales.
¿Qué va a pasar ante el primer tiro, así sea accidental, en una situación tan explosiva, con amenazas de guerra de uno y otro lado y con actores armados con lealtades cambiantes e impredecibles?
¿Qué hizo que el gobierno se atreviera a burlar de esa manera las competencias del Congreso, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional así como a la opinión pública?
En Colombia tenemos experiencia sobre el comportamiento de las tropas gringas: la Comisión Histórica acordada entre las FARC y el Estado colombiano en el marco de las conversaciones de paz documentó que entre 2003 y 2005 unas 54 menores, una de ellas de 12 años, habían sido violadas por militares de ese país, y el abuso fue filmado y luego distribuido en redes de pornografía infantil. Agazapados tras inmunidad diplomática, no les fue impuesto ningún castigo.
Hay experiencia también en “contratistas” de Estados Unidos, que no son otra cosa que mercenarios, como los tres que secuestraron las FARC y que luego contaron en un libro los graves abusos que cometió la guerrilla durante su cautiverio, pero se abstuvieron de decir la verdad sobre el verdadero motivo de su presencia en el país.
¿Nos resignaremos a ver que a lugares como Tumaco, sumidos en la miseria y el coronavirus, les envíen militares gringos en lugar de atención hospitalaria?