El partido opositor al gobierno chileno actual no logró el mínimo de votos requeridos para continuar con el juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera.
Las acusaciones contra Piñera eran dos: la primera decía que infringió las leyes al favorecer la venta de una propiedad familiar y la segunda indicaba que comprometió el honor de la nación.
En el primer cargo, hubo 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención. Por la segunda acusación se registraron 22 sufragios favorables, 20 en contra y una abstención.
La oposición necesitaba 29 de los 43 votos del Senado para destituirlo y solo contaba con 24, por lo que requería de al menos cinco sufragios del oficialismo de centroderecha, pero no sumó ninguno.
Aunque la oposición logró mayoría, la Constitución establece que para remover a un presidente de la República se requieren 2/3 de los sufragios del Senado.
Tras oficializarse la derrota opositora en el juicio político, el ministro de la presidencia, Juan José Ossa, dijo que Piñera “se encuentra muy tranquilo, valora la decisión que ha tomado el Senado” y de muchos senadores oficialistas.
Añadió que en la oposición “se dejaron llevar por afanes puramente electorales” y que algunos legisladores se vieron arrastrados “por el ritmo que le puso la Cámara de Diputados para conseguir unos pocos votos”.
Durante las elecciones presidenciales del próximo domingo también se renovarán a los 155 diputados y la mitad del Senado. Más de un centenar de parlamentarios buscan su reelección.
Los promotores del juicio político acusaron al mandatario de “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”, cargos que se votaron por separado.
El fracaso del juicio político contra Piñera era anticipado debido a las pocas probabilidades de que cinco oficialistas votaran contra el presidente.
La crucial sesión se produce a solo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el período 2022-2026. Al término de su mandato el 11 de marzo de 2022, será Piñera quien entregue los símbolos del poder al ganador de los comicios presidenciales.
El mandatario permaneció en funciones tras la admisión del juicio político por la Cámara de Diputados hace una semana, y solo tiene prohibido salir de Chile. Se le levantará el arraigo una vez que se formalice el rechazo del juicio político.
El voto que selló la caída del juicio político contra Piñera fue de la senadora conservadora Luz Ebensperger, quien rechazó las dos acusaciones- La legisladora dijo que no basta con hacer una acusación, “hay que probarlo”.
Una vez que le fue imposible a la oposición lograr las dos terceras partes, el abogado defensor de Piñera, Jorge Gálvez, y el ministro Ossa se pusieron de pie para estrechar la mano de la legisladora.
La senadora Isabel Allende, hija del expresidente socialista Salvador Allende, derrocado por los militares en 1973, fue la octava en intervenir ante el pleno y respaldó ambos cargos al señalar que “los presidentes deben terminar sus mandatos, pero éste es un caso distinto”.
Algunos senadores no usaron su tiempo, mientras que el oficialista Juan José Ossandón fue el único que se abstuvo. Afirmó que en la acusación contra Piñera “me encontré solo con presunciones”. Agregó que “estoy no para medir intenciones, si no para analizar hechos. La acusación no tiene, a mi juicio, ningún sustento probatorio”. Ossandón ha mantenido múltiples diferencias con el mandatario, en público y privado.
La sesión partió el martes temprano con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir hace una semana el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones, y siguió con la presentación de los descargos de Piñera por medio de su abogado.
Los diputados dijeron que Piñera favoreció la venta de un proyecto minero y portuario familiar, pactada en un paraíso fiscal para eludir impuestos, afectando el principio de probidad y que se dañó gravemente el prestigio de Chile.
Gálvez alegó que Piñera “goza de una inocencia judicialmente establecida” tras una indagación judicial de 2017 que incluyó la revisión de 1.800 correos electrónicos, que lo sobreseyó tras concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.
Agregó que la venta del negocio familiar fue hecha por una sociedad en la que los hijos del gobernante tenían una participación “no controladora”, que los hechos están prescritos y que Piñera se enteró de la transacción luego de finalizado su mandato, en 2014. La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su término.
Dieciséis diputados opositores presentaron la acusación en octubre, luego de conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre acuerdos en paraísos fiscales que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional. Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.
Por los mismos hechos la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito” relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.
Este fue el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a finales de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.
Con información de AP
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MG