CIUDAD DE MEXICO, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Karime Macías, esposa del ex Gobernador Javier Duarte, era quien decidía a qué empresas se entregaban los contratos del Gobierno de Veracruz, aseguró Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de la Entidad, reveló Reforma.
De acuerdo con información publicada por el periódico, dichas declaraciones fueron parte del testimonio que dio el funcionario del ex mandatario veracruzano a la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 23 de mayo, ya que es uno de sus testigos colaboradores.
“Sabía que se usaban empresas fantasma y también sabía que era Karime Macías la que decidía en varias ocasiones a quién darle un contrato público”, afirmó el ex diputado federal, según se reprodujo en la más reciente audiencia de Duarte de Ochoa.
“Entre las empresas fantasma de las que tuve conocimiento, estaban Diseños Tevet y Trajan Constructores. Sé que se usaban a las Secretarías de Seguridad Pública, de Agricultura y de Desarrollo Social para evitar que la responsabilidad recayera en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)”, detalló.
Reforma señaló que durante su declaración, Tarek Abdalá también habló sobre un presunto desvío de 750 millones de pesos del Seguro Popular a diversos medios de comunicación; así como de que todos los pagos que hizo como tesorero de la Sefiplan eran aprobados por Duarte a través de mensajería de Blackberry o por el teléfono rojo del Gobierno estatal.
“En diciembre del 2013 llegaron recursos del Seguro Popular por 700 millones de pesos a la Secretaría de Salud. Al enterarse Javier Duarte, me pidió pagar 750 millones de pesos a medios de comunicación”, precisó.
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa el pasado miércoles 26 de septiembre.
El ex mandatario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarán en su contra. Lo anterior fue posible tras una negociación de Duarte y la Procuraduría General de la República (PGR).
El procedimiento abreviado aceleró la sentencia condenatoria por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La PGR solicitó nueve años de prisión contra Duarte, quien no podrá cumplir en libertad la sentencia. También pidió que se le decomisen cuarenta propiedades, de acuerdo con periodistas que se encuentran en la sala.
“Nuestro cliente aceptó, el optar por la Forma de Terminación Anticipada del Proceso denominada “procedimiento abreviado”, el cual fue formalizado judicialmente el día de hoy 26 de septiembre de 2018, por el Juez de Control Federal con Residencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, evitando de esta manera, ir a juicio y prolongar indefinidamente un procedimiento penal en todas sus etapas”, informó la defensa de Duarte.
“Con la resolución del día de hoy, se logró fijar un máximo de pena con relación a la acusación que nos ocupa por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, la cual por ningún motivo puede ser aumentada para el caso de que se opte en un futuro impugnar la misma.
“En este caso han influido factores ajenos al derecho y por ende al acceso a la justicia, que obligaron a mi cliente a tomar esta difícil decisión”, detalló.
Durante la audiencia se revisaron las pruebas ofrecidas por la PGR y la defensa de Duarte.
El 21 de agosto, la PGR presentó formalmente la acusación contra Javier Duarte de Ocho por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Duarte de Ochoa gobernó hasta octubre del 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el estado mexicano de Veracruz. Él y sus secretarios fueron acusados de haberse robado el presupuesto de casi todas las dependencias.