México

CIUDAD DE MEXICO, 16 de enero (Cultura Colectiva/e-Consulta).- Cuatro militares: dos Generales, un Teniente Coronel y un Coronel. Todos ellos están involucrados, presuntamente, con el huachicoleo en nuestro país. Al menos así lo dio a conocer Milenio, medio que tiene en su poder una denuncia de hecho de varios trabajadores realizada en el 2017, misma que se tomó en cuenta a partir de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del huachicoleo.

Ahora mismo, la Procuraduría General de la República (PGR), investiga al General Eduardo León Trauwitz y al Teniente Coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, luego de acusárseles de ordenar a “agentes de seguridad física” de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de PEMEX, de “sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos”, cuando eran titulares de la institución.

¿Quiénes son los otros investigados?

Además de León Trauwitz y Cárdenas Acuña, quienes también son investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) son el General de Brigada, Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, también gerente de Seguridad Física de la SSE, y el Coronel de Infantería Emilio Gosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica.

Y aunque sean cuatro los militares que están siendo acusados por estar involucrados en esta práctica ilegal, también se encuentran bajo investigación José Carlos Sánchez Echeverría, encargado del Departamento de Seguridad Física de Cadereyta, Nuevo Léon; Arturo Villa Adame, jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico, Tamaulipas; Francisco Casas Sánchez, subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica, y Marcelino Mesinas García, subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica.

¿Cómo se relatan los hechos?

De acuerdo a la información manejada por Milenio, una de las denuncias contiene un reporte de 31 tomas clandestinas inhabilitadas en el poliducto Minatitlán-México, en diciembre del 2015, todas ellas ubicadas en el Estado de Puebla.

En el 2016, los agentes de Seguridad Física que fungieron como denunciantes de estas prácticas, informaron lo que pasaba tanto a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, como a la Dirección de Salvaguardia Estratégica, a la Gerencia de Seguridad Física y al Departamento de Seguridad Física de Tierra Blanca.

Los denunciantes aseguraron que el 8 de octubre de ese año, fueron “abordados por civiles armados en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz”, después de checar una de las tomas clandestinas ubicadas en el poblado Las Prietas. Ahí, el presunto líder, les dijo que “los dejáramos trabajar y que el sol sale para todos y también la muerte, que no nos acercáramos, a lo que respondimos que era imposible”. Todo indica que pidieron el número telefónico de Moisés Merlín, quien trabajó como agente de Seguridad Física en PEMEX, y se les dijo que “dejáramos trabajar a sus muchachos en la tiendita de Las Prietas... que los del cártel eran agresivos y salvajes, que mejor nos abriéramos y dejáramos de trabajar el día, puesto que donde se trabaja chueco se camina derecho”.

Los trabajadores estaban amenazados

Después de reportar las instrucciones de León Trauwitz y Herrera Pegueros, al Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en PEMEX, se intentó desmantelar e inhabilitar las tomas clandestinas, pero de acuerdo a la denuncia, “prohibían al trabajador informara de ello a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos”. Incluso se afirmó que se les entregaban “materiales y herramientas para deshabilitar las tomas clandestinas”.

“Vestigios de las tomas clandestinas que fueran colocadas en los ductos propiedad de Petróleos Mexicanos. Esto es, impedir que se averigüe la conducta delictiva cometida por personas ajenas al ente jurídico citado, llegando al grado de intimidar al personal operativo de Seguridad Física con despedirlos”.

En el documento se indica que del 3 al 18 de diciembre de 2015 se inhabilitaron 31 tomas clandestinas en el ducto Minatitlán-México.

Todas las tomas estaban en el estado de Puebla: 15 en Acatzingo, cuatro en Tecamachalco, cuatro en Quecholac, dos en Palmar de Bravo y 6 más, de las que no se proporcionaron los datos.

En la denuncia se indica que el 26 de enero del 2017 el empleado Moisés Ángel Merlín Sibaja decidió denunciar las instrucciones que le daban sus superiores.

“Las instrucciones eran verbales y no por escrito. Prohibían al trabajador informar de ello a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo, que de hacerlo, se le haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos”.

Los funcionarios de PEMEX le entregaban al trabajador herramientas para deshabilitar las tomas clandestinas e incluso le ordenaban sembrarlas.

“Materiales y herramientas para deshabilitar las tomas clandestinas, aunado a que también le llegaron a ordenar sembrar tomas clandestinas”.