Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado al menos 1 mil 581 cuerpos de personas fallecidas no identificadas desde el 2006 al 2018 y en la mayoría de los casos sin pruebas genéticas. Con ello “borraron la evidencias e historias de miles de personas convirtiéndolas en cenizas”, informó hoy el Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAL) .
Ana Karolina Chimiak y César Pérez Verónica de Cepal, Dawit Bartelt , de la fundación Heinrich Böll, y Ana Enamorado y Rosario Cervantes Aviña , madres de personas desaparecidas, presentaron el informe “Incineraciones de cuerpos no identificados, crímenes sin justicia ”, el cual concluye que las autoridades de Jalisco por décadas ha cometido múltiples y graves violaciones de derechos humanos mismas que no han sido castigadas, entre ellas la cremación de restos no identificados.
Los defensores de derechos humanos comentaron que hallazgo de los trailers con cadaveres el pasado 15 de septiembre de 2018 solo es la punta del iceberg pues “la crisis forense no comenzó apenas el año pasado, y el tema de los trailers es sólo una de las graves consecuencias de la sumisión negligencias y violaciones a los derechos humanos”.
La incineración de cuerpos no identificados constituye un acto que le arrebata a las familias de personas desaparecidas probabilidades de alcanzar verdad y justicia, y las despoja de esperanzas de recuperar a sus seres queridos, enfatizaron.
Además, es un acto ilegal de acuerdo a Ley General de Desaparición Forzada y a la Ley General de Salud, destacó César Pérez, director de CEPAL.
“Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos, están sus seres queridos. Las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad”, destaca el informe.
Karolina Chimiak explicó que no hay información certera o clara de la cantidad de cuerpos incinerados sin pruebas genéticas.
La especialista detalló que la autoridades de Jalisco se han contradicho y ha respondido con discrepancias a la información solicitada al respecto.
Ejemplificó que en una primera solicitud de información, respondieron que de 1 mil 571 cuerpos solo a 171 les realizaron pruebas genéticas; en otra solicitud, señalaron que de los mil 581 cuerpos, al menos 803 contaban con perfil genético.
Tales discrepancias y faltas de información “nos preocupa de manera muy particular”, dijo.
César Pérez Verónica recalcó que hasta el momento no hay ni una sola investigación penal para determinar quién ordenó la incineración de los cuerpos y que sancione esa grave violación de derechos humanos.
“No podemos tener tanta impunidad”, reprochó él activista.
Los activistas también denunciaron que las autoridades de Jalisco han intentado entregar cenizas a familiares de personas desaparecidas sin pruebas que pudieran confirmar su identidad “jugando con el dolor y simulando el cumplimiento”, dijo Ana Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia de CEPAL.
Agregó que el informe será enviado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y le solicitarán que haga las comunicaciones correspondientes para notificar al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre esta crisis forense.
Ana Enamorado, madre de un joven desaparecido, denunció que a ella trataron de entregarle, en 2015, unas cenizas sin perfil genético y sin pruebas de que era su hijo.
Las autoridades, contó la mujer, estaban aferradas a darle las cenizas pese a la falta de pruebas.
Le argumentaban que sí era su hijo porque supuestamente le encontraron un teléfono que tenía guardado como “mamá” el número telefónico de Ana; sin embargo, cuando ella pidió la ropa, el celular y otras pruebas, las autoridades tampoco las tenían. Ana cuenta de se negó a aceptar.
“Como yo no quería aceptar las cenizas por las buenas, trataron de intimidarme por las malas”, narró.