Redes sociales, escaparate de la trata de menores

CIUDAD DE MEXICO, 12 de octubre (SinEmbargo).- En México operan miles de cuentas en Twitter que ofrecen un extenso catálogo de servicios sexuales de todo tipo, como el sexo con mujeres adolescentes, una práctica que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Trata de Personas, se castiga con entre 15 y 30 años de prisión. Sin embargo, por tratarse de cuentas de redes sociales no se ubican dentro de los medios comisivos, es decir: mecanismos de enganche de las víctimas.

En entrevista con SinEmbargo, la Diputada Adriana Dávila Fernández, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que en materia legislativa todavía está pendiente en México una correcta definición del tipo penal en el delito de la trata, lo que genera vacíos e imprecisiones diversas, una de éstas es la correcta definición de trata, prostitución, prostitución forzada, así como la definición de los medios empleados en la ejecución de este delito.

“La falta de una correcta tipificación, sumado a la reconfiguración de las unidades de inteligencia que identifican estos delitos en la redes sociales a raíz del cambio de poderes, también dificulta que la policía cibernética pueda actuar con mayor libertad en estos temas”, planteó la legisladora.

Ninguna de las jóvenes que fueron identificadas como menores de edad en los tuits donde se ofrecen sus servicios sexuales hablan en primera persona o utilizan cuentas de usuario personales: siempre es un tercero quien las ofrece. Sin embargo, de ser identificados por la policía cibernética, la posibilidad de que se les impute el delito de trata de menores por medio de las redes sociales sería complicado, debido a las imprecisiones que presenta la Ley General en Materia de Trata en torno a la definición del tipo penal de este delito, en donde las redes sociales no son precisadas como medios comisivos, insistió la Diputada federal.

Dávila Fernández lleva al menos seis años revisando la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos e identificando inconsistencias en ésta. De acuerdo con sus observaciones, existe un retraso en materia legal que imposibilita la correcta aplicación de la ley y el seguimiento a las víctimas de trata, además de la falta de una correcta tipificación facilita la impunidad y la simulación de las autoridades en cuanto al tratamiento de estos temas, tanto en la aplicación de la ley como en materia de prevención, acceso a la información, atención a víctimas e investigación y persecución.

“Parte de las deficiencias son de tipo penal, cuando tu tienes un tipo penal incierto y no sabes qué delito se castiga, lo que generas es impunidad, y entonces no tienes desarticuladas redes de tratantes sino a ciertos detenidos, a ciertos actores de una cadena que no necesariamente son tratantes. Se confunden la prostitución con la prostitución forzada, se confunde el tema de la explotación con la trata”, destacó la Diputada.

Dávila alertó en el año 2017 sobre una simulación en el tema de la trata de personas. A través de un informe, la legisladora panista desglosó los cuatro temas contra la trata: prevención, atención a víctimas, la investigación y persecución del delito, y acceso a la información y la rendición de cuentas.

“Es decir, los cuatro objetivos del programa nacional contra la trata que tendrían que observarse en cumplimiento con la ley, pues no solo no se cumplen, sino ante la dificultad de entender un delito de esta naturaleza todo el mundo lo interpreta como quiere”, observó.

Ante la existencia de mensajes publicados en Twitter en los que se muestran a jóvenes menores de edad al interior de redes de prostitución, SinEmbargo contactó con el área de la Unidad Científica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para saber las acciones que desde la autoridad están realizando en este tema, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

De acuerdo con la Diputada Dávila, en los últimos años las redes sociales se han consolidado como una vía mediante las que se engaña a víctimas de trata, no solo son explotadas con fines sexuales, también son destinadas a otros fines como el trabajo forzado o su introducción al crimen organizado. Regular las redes sociales o los contenidos que en ella se publican, además de resultar complejo y vulnerar la libertad de expresión no sería suficiente para enfrentar la problemática, por lo que la Diputada señala que lo más atinado sería llevar a cabo una correcta tipificación del delito.

“Independientemente que no estén reguladas las redes sociales para efectos de poder saber qué publicas o qué no publicas, lo que sí debe estar tipificado son los medios comisivos, y los medios comisivos son mecanismos mediante los cuales se está reclutando, engañando, trasladando a una persona”, detalló la legisladora.

Durante años ha proliferado en Twitter un extenso mercado de prostitución que extiende sus tentáculos a nivel global. La plataforma desarrollada en 2006, ha sido viable para la evolución de un fructífero mercado sexual, cuyo éxito ha dado origen a la conformación, entre otras cosas, de un lenguaje propio, en el que se clasifica cada aspecto y servicio que se ofrece a través de hashtags.

En este próspero mercado se ocultan redes de trata que operan con libertad desde esta plataforma, en tanto que los administradores y autoridades no logran acabar de raíz con las redes que identifican.

En esta dinámica, destaca el caso de una red conformada por sexoservidoras, agencias y operadores con sede en Monterrey, Nuevo León, que ofrece servicios sexuales de mujeres adolescentes desde cuentas de usuarios en Twitter y otras redes sociales con costos de entre mil y tres mil pesos por hora.

Este servicio, ilegal, que rompe con las normativas de la red social fundada por el estadounidense Jack Dorsey, fue ofrecido hasta octubre de este año a través de la cuenta @OpenGirls_ que fue suspendida en días pasados, al igual que otras decenas que forman parte de la misma red de usuarios, por infringir las normas de la plataforma.

Las jóvenes que fueron ofrecidas a través de esa cuenta incluso fueron parte de dinámicas en las que eran sujetas de rifas y concursos para incentivar el consumo entre sus seguidores: Fotografías de adolescentes posando en ropa interior o ropa ligera, incluso realizando actos sexuales son ofrecidas a través de mensajes denigrantes en los que incluso el empleo de emoticones conforman una narrativa en la que las adolescentes son interpretadas como un objeto sexual.

“Quién la quiere para mañana!!! Mary (-4) a semanas de ser (-3) y se realice su fiesta dale su regalo-te!! quién dijo yo!!! Manda DM para separar cita no la dejes pasar.. (SIC)”, se leía en uno de los tuits publicados a través de esta cuenta que fue acompañado de la fotografía de una joven de complexión delgada y que sostiene un smartphone.

Esta cuenta de Twitter tiene un código propio para ofrecer a las mujeres, según la revisión realizada por la Unidad de Metadatos de SinEmbargo. Al revisar las conversaciones se observan que los números en negativo, incluidos en paréntesis junto a los datos de las jóvenes, se referían a una clave que indica 18 años menos el número que se señalaba, por ejemplo, si se pone (-4) se refiere a 14 años de edad.

Aunque esta cuenta fue suspendida, la misma práctica se repite en otros perfiles dedicados a ofrecer servicios sexuales en la ciudad de Monterrey. Tras la purga que realizó Twitter, estos servicios ahora se ofrecen a través de cuentas en modalidad “protegida”, es decir, que solo es posible acceder a su contenido si el administrador le da acceso al usuario.

Para poder acceder a ellas, en algunos casos se solicitan cuotas de entre 100 y 500 pesos mensuales. Al ser admitidos como seguidores les ofrecen acceso a datos de contacto de un catálogo de mujeres. No obstante, estos servicios también se siguen ofertando desde cuentas abiertas que aún no han sido detectadas y permanecen activas.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Nuevo León se encuentra en el tercer lugar nacional en incidencia de trata de mujeres y adolescentes menores de edad. Sin embargo, estas cifras oficiales solo contabilizan 239 casos en todo el país, cuantificados entre enero y agosto de este año.