TIJUANA, Baja California, 9 de marzo (Semanario Zeta/ Rosario Mosso Castro).- El 16 de enero del 2015, cuando la Fiscal Laura Duffy -en representación de 16 agencias de investigación de Estados Unidos- anunció en conferencia pública que quitaban el sello a 14 acusaciones en contra de 117 integrantes del Cartel de Sinaloa, Israel Vergara Galindo alias “El Marquitos” o “Frank” -cuyo nombre estaba incluido en la lista- estaba preso en México.
Lo habían detenido dos años y tres meses antes (octubre del 2013) durante un operativo en el Distrito Federal, como resultado de una orden de aprehensión por el secuestro agravado de un comerciante de mariscos de 42 años de Tijuana y por Delincuencia Organizada. La carpeta se había iniciado con la averiguación previa 74/10/201, en la que se le imputaba ser cabecilla de una célula de plagiarios con doce integrantes.
Poco más de una semana antes de su captura en México, el Gobierno de Estados Unidos había emitido una orden de arresto en contra de “El Marquitos”. Se trata de un documento sellado fechado el 30 de septiembre del 2013.
Los cargos en aquel momento fueron por conspiración para distribuir metanfetamina, y el mandamiento advertía que estaba sujeto a la confiscación de bienes. La orden fue emitida por la juzgadora Nita L. Stormes y la instrucción para los agentes de todas las corporaciones estadounidenses era presentar a “El Marquitos” ante el Juez más cercano para que respondiera por un proceso penal. En el punto donde sugiere el importe de una fianza, la niega.
Cinco años y dos meses después de su aprehensión en México, a pesar que su carrera criminal con los carteles Arellano Félix (CAF) y de Sinaloa (CDS) es pública, el laxo brazo de la Ley lo dejó en libertad el 20 de diciembre del mismo año. Libre de cargos, de acuerdo al juzgador, el Ministerio Público no presentó elementos suficientes para fincarle responsabilidad, y menos después que algunos de sus empleados criminales desistieron de sus confesiones. Lo liberaron mientras algunos de sus socios delictivos que lo imputaron fueron sentenciados a decenas de años de prisión por el mismo delito.
Cruzar a Estados Unidos
Impune del lado mexicano y con cargos pendientes por delitos federales en California, Vergara Galindo consideró buena idea trasladarse a Estados Unidos.
De acuerdo a información extraoficial proporcionada por autoridades de aquel país a ZETA, la última semana de febrero del 2019, el también apodado “El Frank” fue sorprendido por elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Lo detuvieron inicialmente para responder por los delitos relacionados con su ingreso ilegal, con el objetivo de ser remitido a la Fiscalía del Sur de California para que respondiera por sus crímenes descubiertos en el operativo de cuatro años bautizado con el nombre “Narco Polo”.
Se ignora lo que el delincuente solicitó y el trato que le están dando las autoridades norteamericanas.
Por la vías oficiales, ZETA solicitó al área de relaciones públicas del ICE información de la captura, y respondieron remitiendo al semanario a la Fiscalía de Estados Unidos, ya que no están familiarizados con el tema. Al cierre de esta edición, la respuesta por parte de la Fiscalía quedó pendiente.
El expediente 13-CR-3574 –DMS
La oficina que solicitó la detención de “El Marquitos” es la de Clerk en el Distrito Sur de California. En el expediente, Vergara comparte cargos con Oscar Peña Flores “Changa” y/o “Uvas”. Los acusan de que, con conocimiento de causa e intencionalmente, conspiraron con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir 500 gramos y otras mezclas y sustancias que contienen metanfetamina, así como cinco kilogramos o más de cocaína.
La acusación refiere que los delitos cometidos lo hacen punible por penas mayores de un año y sujeto al aseguramiento de sus bienes.
El coacusado Peña Flores permanece en calidad de prófugo desde septiembre del 2013, en Tijuana usa los nombres de Oscar Alberto y Oscar Carlos, con los apellidos antes mencionados. Tiene residencia acreditada en el fraccionamiento El Rubí, y en los registros públicos cuenta con un auto Volkswagen Jetta, cuya últimas placas fueron revalidadas en el 2012. A la fecha cuenta con 36 años cumplidos.
No registra antecedentes criminales, salvo una presentación en barandilla en el 2004 por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. En el 2015, las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad tuvieron conocimiento de que tuvo contactos con Víctor Hugo Meza López “El Griego”, cabecilla de sicarios del CDS en el ala de los hermanos René y Alfonso Arzate García.
Entre los antecedentes, el expediente en contra de Vergara indica: “A fínales del 2011, la Administración de Control de Drogas (DEA) inició la investigación ‘Narco Polo’ centrada en las actividades de una célula dedicada a la distribución de narcóticos con sede en National City y Chula Vista. Los agentes se dieron cuenta que el grupo importaba cocaína, metanfetamina y marihuana desde Tijuana, Baja California y la distribuida en el sur de California y en varios lugares de la costa Este de Estados Unidos. La investigación resultó en la acusación en noviembre del 2012 en contra del cabecilla de esta célula José Luis Iglesias, alias José Bautista Sámano quien sigue fugitivo mientras varios de sus socios criminales han sido sentenciados”. Fueron 90 y 188 meses de prisión, y gente detenida antes del 2015.
“Estas investigaciones identificaron a varios proveedores que entregaban cocaína y metanfetamina a Iglesias, los proveedores fueron identificados como José Luis Mora Zamora…”, asesinado en enero del 2018 en un puesto de mariscos en Playas de Tijuana.
Asimismo, el documento plantea que varios miembros de la familia de Mora Zamora participaron en la entrega de droga.
“Y en este mismo tiempo Israel Vergara Galindo fue acusado de tráfico de narcotráficos conectados con su relación con Mora Zamora. Los agentes se enteraron que Vergara Galindo trabajaba como un estrecho colaborador del jefe del Cartel de Sinaloa Alfonso Arzate García ‘Aquiles’ y su hermanos René Arzate García ‘La Rana’ que lo asiste en sus acciones de liderazgo del cartel”.
Pese a ser considerado prófugo desde el 2015, cuando la Fiscal Laura Duffy anunció el operativo contra el CDS, Mora Zamora, de 39 años, continuó delinquiendo en libertad hasta las 9 de la mañana del 5 de enero del 2019, acudió con su esposa Gina Leen Araceli Romero Ruvalcaba a un puesto de mariscos en la calle Paseo Playas de la sección Costa Hermosa de la delegación Playas de Tijuana. Desde un vehículo Jetta, color gris, un grupo de sicarios les dispararon hasta matarlos; 17 casquillos calibre .223 quedaron en la escena del crimen.
Al morir, Mora Zamora era identificado por los grupos de inteligencia de las corporaciones bajacalifornianas como “El Cabo 23”, parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, pero reconocían sus ligas con Sinaloa. De hecho, una de las hipótesis alrededor de su homicidio, revela comunicaciones con la célula de Los Uriarte, aliada a la mafia sinaloense.
La acusación común
La investigación que inició sobre una célula delictiva de National City, California, se convirtió en una investigación trasnacional del largo plazo que continua contra el Cartel de Sinaloa.
El operativo “Narco Polo” tiene como objetivo principal la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García y el desmantelamiento de su organización criminal en Estados Unidos.
Comenzó hace ocho años como una investigación local para desmembrar una célula de traficantes que distribuía enervantes en las áreas de Chula Vista, Oceanside y National City en Estados Unidos. El grupo era encabezado por José Luis Iglesias y sus proveedores de droga llegaban de Tijuana.
Entre 2011 y el 2015, la elaboración de las acusaciones requirió el trabajo de más de cien elementos de 16 agencias de investigación, incluidas DEA, FBI, Interpol, ICE, Patrulla Fronteriza, y los departamentos de Policía de San Bernardino, National City, Chula Vista, San Diego, Kentucky, Carolina del Sur, Chicago e Illinois. Además de la colaboración de países como México, China, Filipinas, Gran Bretaña y Colombia.
Algunos de los expedientes colaterales en este caso permanecen sellados.
Las capturas sobresalientes que robustecieron el caso fueron las de los hijos y socios primarios de “El Mayo” Zambada: Alfonso Limón Sánchez, Rafael Félix Núñez, Ismael “Mayito Gordo” Zambada Imperial, Ismael “Mayito Flaco” Zambada Sicairos, José “El Chino Antrax” Aréchiga Gamboa, Serafín Zambada Ortiz y Vicente Zambada Niebla (quien sigue en proceso).
Aunque las indagatorias continúan de enero del 2015 a la fecha, la investigación primaria de casi cuatro años reveló que en ese tiempo las autoridades constataron el tráfico de más de 652 kilogramos de metanfetamina, mil 343 kilogramos de cocaína, 12 toneladas de marihuana, 53 kilos de heroína y 5 mil 500 píldoras de oxicodona, droga incautada con valor superior a 14.4 millones de dólares.
Lo buscan por el feminicidio de Fernanda
El martes 5 de marzo, la Subprocuraduría de Justicia en Tijuana emitió una alerta de búsqueda del ciudadano americano Aarón Seth Juárez, de 20 años de edad, quien cuenta con orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Fernanda González Serrano, cuyo cadáver fue encontrado enterrado el domingo 24 de febrero en el patio de su domicilio en la colonia Aeropuerto.
Bajo la causa penal 693/2019, Juárez es buscado por la autoridad de justicia por ser el principal sospechoso de matar con arma de fuego a quien era su madrastra.
“Se hizo justicia”; asesino de doctora Ciani fue condenado a 42 años de cárcel
“Nada regresará a mi hermana, su ausencia ha sido dura en mi familia en general, pero se hizo justicia”, fueron las palabras de Odín Ciani el día que dio a conocer ante medios de comunicación la sentencia condenatoria de 42 años y seis meses de prisión en contra de David Ortega Ramos, asesino material de la doctora Alma Angélica Ciani González.
Luego de más de veinte meses de audiencias y juicio oral, la Juez que llevó el caso final determinó esta condena el martes 5 de marzo, y a decir del subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Alvarez, marca un precedente en Baja California gracias a las pruebas, indicios, testimoniales y dictámenes aportados por la Fiscalía.