CIUDAD DE MEXICO, 8 de marzo (VICE/SinEmbargo).- El Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene tres meses que terminó, pero dejó varias cuentas pendientes además del incremento en la cantidad de homicidios, un asunto del que se ha hablado mucho. Por ejemplo, se fue sin explicar cómo fue que los delitos federales acumularon más de medio millón de casos durante los seis años de su Gobierno. El aumento de la incidencia delictiva no tuvo cabida en ninguno de sus mensajes públicos al final de su mandato, a pesar de que hubo transgresiones que estallaron en su gestión.
De acuerdo con un análisis de la incidencia delictiva durante el Gobierno de EPN realizado por VICE, entre 2013 y 2018 los delitos del fuero federal crecieron 17 por ciento en todo el país: pasaron de 98 mil hasta casi 113 mil averiguaciones previas en seis años.
Al tiempo que el político mexiquense y su familia eran huéspedes de Los Pinos, los delitos contra vías de comunicación se incrementaron tres veces (mil 200 a 3 mil 700); los crímenes contra el patrimonio y delitos financieros crecieron más del doble (4 mil 200 a 10 mil 200); mientras que los delitos contra la salud por producción y tráfico, casi se triplicaron (470 a mil 250) y duplicaron (52 a 101).
La herencia delictiva de Peña Nieto dejó un total de 586 mil delitos federales, que incluyen un incremento del 44 por ciento en los delitos contra la integridad corporal. Además, los registros de la Fiscalía General de la República (Antes Procuraduría) analizados muestran un fuerte aumento en los delitos incluidos en “otras leyes especiales” y delitos contra la salud clasificados como “otros”.
Bloqueos y licencias
El grupo de delitos del fuero federal que más creció entre las estadísticas de la FGR, fueron los cometidos contra las vías generales de comunicación. Entre 2013 y 2018 estas infracciones subieron casi 200 por ciento, ya que de registrar mil 200 carpetas de investigación, rebasaron las 3 mil 700 carpetas.
Las sanciones están relacionadas principalmente con la obstrucción de carreteras, áreas marítimas, vías ferroviarias y la red de telecomunicaciones, un problema común en México, donde bloquear vialidades es una de las formas de protesta más recurrentes. Apenas entre enero y febrero de este año, un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo bloqueadas las vías del tren en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán durante 28 días para reclamar atraso en sus pagos y exigir plazas para los profesores normalistas. Esa fue la tónica del sexenio peñista, cuya inercia alcanza al Gobierno actual.
Las multas por acciones como estas, que son consideradas ataques directos a las vías, van de los 15 días hasta 30 años en centros de detención según la magnitud del daño. Sin embargo, la variedad de las faltas que castiga la Ley de Vías Generales de Comunicación es más amplia.
En esta Ley, que tuvo su última modificación el año pasado, se contemplan delitos como iniciar obras en vías públicas sin autorización de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT). Incluye multas a conductores de cualquier tipo de vehículo que no cuenten con las licencias reglamentarias –un problema frecuente entre automovilistas–, además de que sanciona el robo de correspondencia y tiene infracciones para la falsificación de timbres postales.
Al final del sexenio de Peña Nieto los delitos contra vías de comunicación sobrepasaron las 12 mil 800 averiguaciones previas en seis años. Aproximadamente 2 de cada 100 delitos federales cometidos con el mexiquense en el Poder Ejecutivo fueron en perjuicio de las vías de comunicación.
Millenials, presas de robo de identidad
El estallido de los delitos financieros durante el pasado Gobierno tampoco es resultado de la casualidad. En los registros de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, queda constatado cómo se duplicaron los delitos en contra de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros en los últimos seis años.
Estos delitos, que se castigan con base en la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, son todos aquellos en contra del patrimonio de las empresas e instituciones del ramo financiero como bancos, afianzadoras o aseguradoras y sus clientes.
Abraham Vergara Contreras, catedrático de la Universidad Iberoamericana, explica a VICE que a menudo son fraudes realizados por la ciberdelincuencia a través de correos electrónicos, aplicaciones de bancos, de mensajería como Whatsapp, o mensajes sms y tienen que ver principalmente con el robo de identidad para realizar compras en internet sin consentimiento.
“Junto con ese robo está también la clonación de tarjetas, cuando te roban los números de seguridad, porque con ese pueden comprar donde sea en internet, son los delitos que se han visto en los últimos años cómo han crecido de manera exponencial, desafortunadamente este tipo de delincuentes va uno o dos pasos adelante de la autoridad que imparte justicia”, detalla el coordinador de las licenciaturas en finanzas y contaduría.