Especialistas de la UNAM y la UAM, así como activistas de la a coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, plantearon los diversos conflictos que vive la población mexicana para acceder al derecho humano al agua.
Para explicarlos, se remontaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promulgación de Ley de Aguas Nacionales, que no contempló el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.
Por Zoilo Carrillo
México, 22 mar (EFE).- Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una Ley que no contempla el derecho humano a este recurso. Además de esto, un 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al agua potable , de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Agua , desde 1992 un 7 por ciento de –mineras, embotelladoras, lecheras– controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.
El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.
Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima.
También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país, pero no siempre sucede en México.
Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país. Tampoco sucede.
Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, “en general”, se está violando el derecho humano al agua.
Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe “qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad”.
Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tiene acceso a agua una vez cada 8 días, o deben gastar el 15 por ciento de su salario para obtenerla.
A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con Efe que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.
TLCAN Y LEYES DEL AGUA
Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.
El TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.
Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua pues todavía no este no aparecía en la Constitución.
Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite.
Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.
“Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados”, asegura Gutiérrez.
En aquel entonces, el agua “era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza”.
La coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la UAM, Elena Burns, indicó a Efe que el objetivo de la ley anterior fue “crear un mercado del agua”.
“Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, precisó.
En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución el derecho humano al agua y se dio a los legisladores 365 días para publicar una Ley General de Aguas, algo que finalmente nunca sucedió.
Moctezuma va más allá y habla del llamado “huichicoleo del agua”, que se da a través de desviación ilegal del recurso a grandes empresas.
El huachicoleo es una palabra que en México alude al robo y venta ilegal de hidrocarburos, ahora extrapolado a la distribución del recurso hídrico.
Estas empresas tienen a pozos clandestinos”, sostiene el especialista.
No obstante, identificar a esas empresas beneficiadas resulta sumamente complicado: una empresa puede dividirse en cientos de filiales.
Gutiérrez considera esto como “el gran problema para monitorear a las empresas”.
“Las grandes multinacionales del agua tienen una cantidad increíble de empresas diversificadas”, asegura.
Sobre este escenario se ciernen dos imágenes contrapuestas: en la localidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, la gente tiene agua una vez a la semana durante tres horas.
Enfrente, un gigantesco campo de golf se riega diariamente con agua potable.
“Como este caso hay cientos en el país, ahí descubres cómo las concesiones están siendo otorgadas a actores que hacen mucho dinero con el agua”, concluye.
UN 10% NO TIENE ACCESO A AGUA POTABLE
En un boletín, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM, Manuel Perló precisó que son entre 12.5 y 15 millones de personas las que sufren la falta del recurso en el país latinoamericano.
La falta de agua potable se da principalmente en áreas rurales, pero también en las zonas marginadas de las grandes ciudades.
“Esas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta de agua. Tenemos una deuda con ellos”, señaló.
De las personas que sí reciben el líquido, alrededor del 30 por ciento no lo obtiene con la cantidad ni la calidad suficiente.
“El derecho al agua se encuentra en nuestra legislación, pero no se cumple”, recordó.
Fue en 2012 cuando se incluyó en la constitución el derecho humano al agua y se dio entonces a los legisladores 365 días para hacer una Ley General de Aguas, algo que nunca se hizo.
El doctor en planificación urbano-regional destacó que en territorio mexicano los recursos hídricos están distribuidos de forma desigual.
“La mayoría están en el sur-sureste, pero en el centro y norte, donde se encuentra la mayor cantidad de población y la economía, hay menos”, expuso.
Esto influye en la compleja infraestructura para llevar agua a algunas zonas del país.
El especialista apuntó también que de los 653 acuíferos en México, 105 están sobreexplotados.
Los acuíferos son fuentes subterráneas de las que se extrae el líquido a través de pozos y bombeo, que pueden estar a diferentes profundidades: de 50 a 300 metros.
“Pero se les extrae mucha más agua de la que pueden captar de forma natural, y el número de acuíferos sobrexplotados ha aumentado en los últimos años”, apuntó.
En 1975 solamente 32 estaban en esa condición, en 2018 la cifra aumentó a 105.
Al respecto, Perló recomendó potenciar una política de reutilización del agua. En el país solo se trata la mitad del líquido, cuando lo ideal sería hacerlo en un 90 por ciento.
El consumo promedio es de 322 litros por persona al día, además, el 40 por ciento del agua se pierde en fugas.
La captación de agua de lluvia podría ser una buena solución para la escasez que sufren algunos grupos poblacionales.
“En lugares con parques públicos se puede captar agua de lluvia. Estos espacios no deberían depender solo del agua que reciben del sistema general de distribución, sino que ellos mismos deben captar, almacenar y utilizar el recurso para su propio uso”, propuso.