* Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el SAT perdonó adeudos fiscales millonarios a algunas de las empresas más poderosas del país, que incluyen corporaciones vinculadas a ocho integrantes de la exclusiva lista de multimillonarios de la revista Forbes* Ellos son Roberto Hernández Ramírez, acusado por los POR ESTO! de vínculos con el narcotráfico y sentenciado en EE.UU.; el magnate Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Jean, y David Peñaloza Alanís, quienes aparecieron entre los 2 mil 153 personajes que detentan más de mil millones de dólares en el 2019. Sus fortunas suman en conjunto 88 mil 400 millones de dólares* También destacan algunas de las firmas más importantes de México o de las contratistas más favorecidas por el Gobierno peñista, entre ellas ICA, Grupo Carso, Pinfra, Grupo Modelo, Simec, Soriana, Volkswagen y BMW, o bancos como Banorte e Interacciones, Banamex, HSBC y Santander, con montos que van de sumas pequeñas a miles de millones de pesos
CIUDAD DE MEXICO, 23 de marzo (APRO).- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó adeudos fiscales millonarios a algunas de las empresas más poderosas del país, que incluyen corporaciones vinculadas a ocho integrantes de la exclusiva lista de multimillonarios de la revista Forbes.
Ellos son Roberto Hernández Ramírez (acusado por los POR ESTO! de vínculos con el narcotráfico y sentenciado en EE.UU), el magnate Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Jean y David Peñaloza Alanís, quienes aparecieron entre los 2 mil 153 personajes que detentan más de mil millones de dólares en 2019. Sus fortunas suman en conjunto 88 mil 400 millones de dólares.
Y el SAT perdonó créditos fiscales a las empresas de esos personajes por mil 458 millones de pesos entre el 2015 y el 2018, de acuerdo con los más de 320 mil registros de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales otorgados entre 2015 y 2018, que consultó Proceso mediante el Portal de Obligaciones de Transparencia.
Entre los beneficiarios destacan algunas de las firmas más importantes del país o de las contratistas más favorecidas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas ICA, Grupo Carso, Pinfra, Grupo Modelo, Simec, Soriana, Volkswagen y BMW, o bancos como Banorte e Interacciones, Banamex, HSBC y Santander, con montos que van de sumas pequeñas a miles de millones de pesos.
Lo anterior es solamente la parte visible de un desfalco al erario mucho más amplio, añejo y opaco: las grandes empresas mexicanas se beneficiaron del programa de amnistía fiscal llamado “Ponte al corriente” lanzado por los legisladores en el arranque del gobierno de Peña Nieto en el 2013.
En esa ocasión, tan sólo 36 compañías dejaron de pagar más de 80 mil millones de pesos que debían al SAT, mientras 41 mil 363 más quedaron exentas de pagar otros 80 mil millones de pesos.
En una columna que publicó en Excélsior en abril del 2017, Aristóteles Núñez -quien dirigió el SAT la mayor parte del sexenio de Peña Nieto- criticó la amnistía implementada a través de la Ley de Ingresos y reconoció que “condonar impuestos es una expresión de complicidad y, al mismo tiempo, un acto de impunidad”. Más aún, añadió: “sirve para pagar favores, ayuda a la reconciliación de agravios y al restablecimiento de las relaciones de poder”.
Además, 5 mil 414 personas y razones sociales que tenían 385 mil millones de pesos en el extranjero se beneficiaron de un programa de repatriación de capitales decretado por Peña Nieto en enero de 2017, lo que les permitió solventar su situación ante el SAT mediante el pago de apenas 20 mil 95 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta, según reportó la Auditoría Superior de la Federación en junio pasado.
Mediante alrededor de 60 juicios de amparo interpuestos en febrero de 2017, la cúpula del sector empresarial impidió que se revelaran los nombres de las empresas y de las personas que se beneficiaron con esos programas de amnistía, así como de las condonaciones anteriores al 2015, año de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia.
En la batalla jurídica participaron HSBC –que recientemente reclutó al exsecretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña–, así como BBVA Bancomer; Banorte; Grupo Carso e Inbursa, de Slim; Grupo Nacional Provincial, del multimillonario Alberto Baillères; Liverpool; Scotiabank; IBM de México y la consultoría PriceWaterhouseCoopers, según reportó Reforma hace dos años.
Batalla legal
Por medio de solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y litigios en tribunales, la organización Fundar obligó al SAT a transparentar los nombres de las personas y empresas que se beneficiaron con las cancelaciones de créditos fiscales a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia.
En febrero del 2017 un juez ordenó al SAT que amplíe la información a los datos de los beneficiarios de los programas de amnistía fiscal y de cancelaciones previas al 2015.
Esta decisión prendió alarmas en el sector empresarial: “Cuando el SAT perdió la batalla jurídica, corporativos, bancos y otro tipo de empresas comenzaron a ampararse contra el INAI”, recuerda Iván Benumea Gómez, abogado en Fundar. Alegaron que la divulgación de la información afectaría sus derechos, pero este argumento no es válido, según el activista.
“Como se trata de beneficios fiscales, es una manera en que el Gobierno les entrega recursos”, dice Benumea en entrevista. Subraya que la autoridad transparenta los padrones de las personas que reciben becas o subsidios de programas sociales.
Y agrega: “En el caso de las condonaciones es un mecanismo similar: me debes algo, decido no cobrártelo; al final del día te estoy beneficiando económicamente y yo reduzco mi disponibilidad de recursos públicos”.
“Creemos que en estos casos debería haber un registro público, parecido a un contrato, que justifique el procedimiento que llevaron a cabo para cancelar o condonar una deuda. Lo que justifican en el SAT es que transparentar todo el procedimiento podría revelar cómo opera, y con ello darle una señal a las empresas de cómo evadir.”
De nuevo, opina que ese es un argumento falso. “Los despachos y los abogados de las empresas ya saben cómo torcer el sistema para aplazar el pago de impuestos o buscar los huecos para reducir su carga tributaria”, insiste.
Según el abogado, los programas de amnistía fiscal que implementaron los legisladores en las leyes de ingreso durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto -en el de López Obrador no ocurrió- fueron usados para obtener liquidez para el primer año de gobierno.
“Les perdonaron una parte de la deuda a las empresas, y el resto lo recuperó el gobierno. Es una proporción 80-20: 80% perdonado y 20% recuperado. Con ese 20% de los grandes contribuyentes el gobierno inicia su primer año con más recursos. Es como una fuente de financiamiento”, señala.
Y abunda: mil contribuyentes se beneficiaron de los programas de amnistía fiscal tanto en el arranque del sexenio de Calderón como en el de Peña Nieto, a pesar de que las reglas lo prohibían. Quince de ellos dejaron de pagar 60 mil millones de pesos gracias a los favores de los diputados.