Van 600 militares y policías contra violencia en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Con unos 600 militares, policías federales y estatales pusieron en marcha la Región Prioritaria Chilpancingo para combatir la violencia en la capital y en la zona de la Sierra de Guerrero.

Esta mañana de jueves, en el 35 Batallón de Infantería en Chilpancingo, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, arrancó esta nueva operación para contrarrestar la violencia en el estado.

Astudillo Flores explicó que esta operación forma parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

La operación estará dedicada a combatir delitos como el homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro, la extorsión y robo de automóviles.

Los 600 militares y policías estarán en Chilpancingo y en la Sierra, zonas donde en los últimos años los índices de violencia son altos.

En la sierra, desde noviembre, más de 2 mil pobladores de encuentran desplazados por la incursión de un grupo armado.

Por otra parte, desplazados por la violencia en Guerrero acordaron regresar a la cabecera municipal de Leonardo Bravo, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno federal quien se comprometió a brindarles seguridad, acceso a los programas sociales y acceso a recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Así lo dio a conocer Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quién dijo que esperan que el gobierno cumpla los acuerdos pues hay temor de regresar a sus comunidades y volver a ser presa de integrantes del crimen organizado disfrazados de policías comunitarios.

“Se van a instalar tres puntos de revisión hacia la sierra y hacia Chilpancingo, porque son las rutas donde pudiera ingresar el grupo armado que podría estar a cargo de la Policía Federal; la CEAV va a proporcionar un apoyo emergente para las familias tras el levantamiento de un censo, los apoyos serán para renta y alimentos; y se buscará la manera de que a las familias se les pueda incorporar a los programas del Bienestar”.

Olivares comentó que también solicitaron que se legisle en materia de desplazamiento forzado porque el actual marco legal no contempla esa figura.

“Esa es una tarea que les exigimos a los diputados y a los senadores, se tiene que legislador para crear una Ley Nacional de desplazamiento forzado o que haya reformas para que el desplazamiento forzado sea tipificado como un delito.

Afuera de Palacio Nacional, los desplazados de Guerrero retiraron el plantón que mantuvieron por 37 días luego de llegar a un acuerdo con autoridades de la Secretaria de Gobernación.

Desde esta madrugada comenzaron a retirar lonas, colchonetas, cartones, casas de campaña y demás enseres domésticos que les sirvieron de casa junto a la sede donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México brindaron tres autobuses de pasajeros y camionetas de carga para que los afectados pudieran regresar a Guerrero.