* Por primera vez en la historia de México, el Gobierno Federal presentó dos Planes Nacionales de Desarrollo económico: el de la SHCP y el de AMLO
* Medidas calificadas como “neoliberales” se replicarán durante esta administración, por lo que no habrá cambios en el rumbo económico del país, advierten especialistas
TIJUANA, Baja California, 12 de mayo (Semanario ZETA).- Es la primera vez en la historia de México que el Gobierno Federal presenta dos Planes Nacionales de Desarrollo. Más sorpresivo es que ambos documentos contienen visiones que contrastan, sin embargo, ninguno establece estrategias contundentes y sustentadas para que 53.4 millones de personas puedan superar la pobreza mediante el crecimiento económico y desarrollo del país.
El primer documento, difundido el 30 de abril de 2019 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, fue elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y consta de 225 hojas. El segundo, de 63 cuartillas; fue dado a conocer dos días después, el 1 de mayo, en el portal de internet del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Conforme a la normatividad, el realizado por la SHCP -cuya discusión y aprobación en San Lázaro se hará en un periodo extraordinario- sería el legal, explica Martín Vera Martínez, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien consideró este momento como “el más desconcertante de la planeación mexicana”.
Ello, debido a que el carácter semi-jurídico de estos instrumentos de planeación (que se emiten mediante un decreto y no una Ley, y tampoco se evalúan) deja abierta la posibilidad de que el político tabasqueño gobierne con el suyo y revire la política dictada desde la Secretaría que dirige Carlos Urzúa, generando mayor incertidumbre a los inversionistas.
“Se habla de un conflicto entre el Presidente y la Secretaría de Hacienda, de que al Presidente no le gustó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Hacienda, porque lo sintió muy técnico y menos ambicioso en sus propuestas de carácter económico”, de ahí que López Obrador decidiera lanzar el plan, “que parece una proclama política” y de campaña electoral.
En opinión del especialista en administración pública, el Gobierno Federal aplicará la dualidad: de modo discreto instaurará el de la SHCP, y mediáticamente operará el de AMLO, con miras a las elecciones intermedias de 2021 y 2024.
Crecimiento económico, la duda
El documento presentado por López Obrador señala que “el fortalecimiento de los principios éticos” se acompañará de un desarrollo económico que en 2024 habrá alcanzado “una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4%”. De manera que, en ese año, el país creará empleos suficientes para absorber la demanda de jóvenes que se incorporen al mercado laboral.
Para Vera Martínez, ciertamente el Producto Interno Bruto (PIB) del país debería crecer a ese ritmo para generar 700 mil empleos que se requieren cada año, pero no existe un indicador confiable que pronostique que sucederá el crecimiento planteado por AMLO. De hecho, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han previsto que durante la actual administración el crecimiento apenas superará el 2%.
A su vez, el académico destaca la “cautela” de Hacienda, ya que en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se compromete con ninguna cifra. Llama la atención, porque la dependencia es la encargada establecer cómo funcionará ese parámetro en aras de dar certeza a los sectores productivos y a la sociedad. “No puede ser que una institución como Hacienda le tenga literalmente miedo al Presidente, y no se atreva a contradecirlo en esta audacia de proponer sin bases 6% para 2024”, planteó el entrevistado.
En tanto, los economistas Arturo Huerta González, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Roberto Valero Berrospe, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, indicaron que no hay estrategias en favor del sector productivo ni del mercado interno que reditúen en el crecimiento económico planteado por el Ejecutivo federal.
Se ataca el neoliberalismo, pero se mantiene
El texto difundido en la página electrónica de Andrés Manuel López Obrador alude más de 30 veces al neoliberalismo de forma negativa, al señalar que en ese periodo se agudizó la privatización, la connivencia entre el poder público y el económico, la corrupción, además que se devastó el Sistema Educativo y de Salud, entre otros, en una reducción del Estado.
Por lo que “el documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter de histórico, porque marcará el fin de los planes neoliberales, y debe distanciarse de ellos de manera clara y tajante”, señala la administración lopezobradorista en ambos documentos, en los que finca “la responsabilidad de construir una propuesta pos-neoliberal” y convertirla en un modelo viable de desarrollo económico.
No obstante, Huerta González argumenta que al calificar como “crucial” al sistema financiero para sustentar el crecimiento económico, Hacienda mantiene la política neoliberal en la que “la banca gana lo que quiere” mediante la imposición de tasas de interés en México, que superan a las existentes en otros países, en perjuicio del sector productivo.
Lo anterior, pese a que el proyecto de AMLO contempla la creación del Banco del Bienestar, que tomará como base la infraestructura del Banco del Ahorro Nacional y de Servicios (Bansefi) para aumentar de 500 a 7 mil sucursales en el territorio nacional.
A decir del entrevistado, instaurar la “política neoliberal es seguir permitiendo la libre movilidad de capitales y mercancías”, toda vez que los planes de desarrollo del Gobierno Federal tampoco existen estrategias proteccionistas ni se reorientan las finanzas públicas para favorecer la industria y sustituir las importaciones con producción nacional que genere condiciones de crecimiento.
Aunque el texto de Hacienda establece que el gasto público se convertirá en un instrumento para el desarrollo sostenible que garantice la redistribución del ingreso para el bienestar de toda la población, el académico cuestionó que durante el primer trimestre de 2019, la propia dependencia reportó un subejercicio de 6.1% del gasto neto.
Aunado a ello, la política monetaria que mantiene alta la tasa de interés de referencia y el objetivo del superávit primario, con lo que el Gobierno gasta menos que su ingreso (excluyendo el pago de deuda) y que plantea recortes, hacen inviable el crecimiento económico.
Ante la situación financiera que vive Petróleos Mexicanos (PEMEX), Huerta González consideró que el Fondo de Estabilización, de 15 mil millones de pesos, no debería usarse para pagar deuda, como sugirió la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, sino para ampliar su producción y de ese modo, recaudar más recursos que pueda invertir.
En el PND se establece desarrollar el mercado interno, pero para ello es necesario incrementar los salarios, pues el reciente aumento ha sido insuficiente. Además, es indispensable “crear empleo formal y bien remunerado, y eso no está aconteciendo”, remató.
En ello, coincidió Valero Berrospe, quien comentó que en los estímulos fiscales para la zona fronteriza norte y para el proyecto del Istmo de Tehuantepec, donde también se reducirán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), atraen a más maquiladoras que requieren mano de obra barata.
El Gobierno debió disminuir el ISR a los asalariados con el fin de fortalecer el mercado interno, pero “López Obrador, igual que los neoliberales a los que tanto critica, olvidan que los consumidores son la bujía de la economía”.
En cuanto a los programas para incentivar el crecimiento económico y los proyectos de infraestructura, el documento presidencial prácticamente se concentra en el sur-sureste del país. A la frontera norte se le concede únicamente el programa de estímulos financieros, y se incluyen cinco municipios -entre ellos Tijuana y Mexicali- en el Programa de Desarrollo Urbano y de Vivienda.
Mientras que la zona de El Bajío, que actualmente reporta el mayor crecimiento económico, “no aparece” en el documento, afirmó el especialista. Desde su perspectiva, este plan no muestra una planeación integral, pues se sigue segmentando al país en lugar de buscar su crecimiento total.
Los programas planteados por el Presidente: Pensión Universal, para adultos mayores; Becas Benito Juárez; Pensión para el Bienestar y para personas con discapacidad; y Jóvenes Construyendo el Futuro, tampoco reforzarán el mercado interno, toda vez que no garantizan que los recursos se inyecten en el mercado formal, sino que buena parte se irá al mercado informal, previó Valero Berrospe.
En su opinión, el PND tampoco contempla el envejecimiento demográfico del país ni el avance de la esperanza de vida. AMLO propone un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que dará servicio a todas las personas no afiliadas a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en sustitución del Seguro Popular, sin embargo no explica cómo se financiará, aunado a que persistirá la segmentación de los servicios de salud.
Para Martín Vera Martínez, investigador de la UABC, el discurso oficial respecto al neoliberalismo contrasta con diversos proyectos del Gobierno, como el del Tren Maya, en el que se requerirá inversión extranjera, “política que cualquier persona con un nivel mínimo en la izquierda la calificaría como neoliberal”.
Es decir, en los hechos el Gobierno es liberal, pero en el discurso es populista, “como una forma de mediar entre los sectores que pueden estar descontentos con su no inclusión en el desarrollo y en los beneficios económicos”, remató.
Programas enfocados al capital electoral
En entrevista con ZETA, el experto refirió un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el cual indica que ocho programas “estrella” de la actual administración costarán 191 mil millones de pesos y tendrán un padrón de beneficiarios de 23 millones de personas, los cuales representarán 25.7% del padrón de electoral en 2021 (89.4 millones de personas). Cantidad que podría significar hasta 50% de quienes voten en las elecciones intermedias, dada la baja participación que históricamente esos comicios han tenido.
“Hay una suerte de compra de la voluntad, de la intención del voto, al entregar dinero en efectivo y no mediante la fijación de objetivos reales”, apuntó el catedrático, y observó que mediáticamente la entrega de dinero (sin gravámenes) a un pueblo tan necesitado parece tener un impacto emocional importante que “nubla” el entendimiento sobre una evaluación real de lo que el gobierno hace o quiere hacer.
“Es muy clara la intención de estos programas que no abonan a la productividad, que tienen un fin político”, y además, se le atribuyen como una concesión del Presidente “y no de los contribuyentes que pagamos impuestos” ante un cuasi “terrorismo fiscal” que está implementando la SHCP.
Sin mecanismos para combatir corrupción
Aunque el Gobierno Federal estipula como prioritario el combate a la corrupción para incentivar el crecimiento económico y la igualdad social -incluso es uno de los tres ejes transversales del PND de Hacienda-, la mayor parte de las propuestas son enunciativas, es decir, faltan reformas específicas a leyes como la de Obras Públicas y de Adquisiciones, encaminadas a darles mayores facultades a los Organos de Control Interno.
“No basta con la declaración de que llegó un gobierno de personas puras e incorruptibles, porque si no hacemos funcionar la maquinaria legal y no hacemos transformaciones institucionales, no se va a reducir la corrupción”, sentenció el especialista.
Aun cuando en el documento de AMLO existe la intención de prohibir las adjudicaciones directas en lo que va de esta administración no se ha cumplido con ello. Un ejemplo son las 571 pipas para distribuir combustible por 85 millones de dólares que adquirió el gobierno bajo este mecanismo.
“Me parece que vamos a ver bastante discrecionalidad en los procesos de administración pública, ya que en el PND tampoco se especifica una política de transparencia de las adquisiciones ni de obras públicas”, expuso Vera Martínez.
Diferencia en los indicadores de medición
Si bien es cierto que el PND de Hacienda establece diversos indicadores para medir las metas propuestas para 2024, no “hay sustento de cómo se logrará, cuánto se requiere invertir, ni el avance al semestre o al año”, agregó el investigador de la UABC.
En ese sentido, llama la atención que el indicador de informalidad plantee una reducción del 56.58% de la Población Económicamente Activa en 2018, a 54.67% en 2024, pero no se aprecie cuánto se reducirá la deuda pública, cuya base es de 51.2% del PIB en 2018.
Peor aún, que en el objetivo 2.10, el cual pretende garantizar la cultura física y el deporte, la meta para 2024 (35.6% de hombres y mujeres mayores de 18 años activas físicamente en 32 ciudades con más de 100 mil habitantes), la meta es exactamente la misma que la línea base de 2018.