Gobierno, responsable del desabasto de medicamentos

TIJUANA, Baja California, 3 de mayo (Semanario Zeta / Julieta Aragón Domínguez).- “Estamos regresando a los años ochenta, cuando no había medicamento antirretroviral en el país”, ya que “es mentira” que haya en los Estados, denuncia Ana Karen López Quintana, presidenta de la Asociación Diversidad Vihda Trans de Tampico, y además, señala que en Tamaulipas hay pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sin medicamento desde hace mes y medio.

Eso afectará la carga viral de las personas que viven con esa condición, haciéndolas vulnerables a contraer enfermedades oportunistas que ponen en riesgo su vida, y para las que el Hospital General Carlos Canseco, en Tampico, carece de fármacos y áreas suficientes para atender una emergencia de ese tipo.

Más aún, advierte: la escasez de medicamentos va en detrimento de la salud pública nacional, ya que “la pandemia va a continuar replicándose”, dado que el desabasto que enfrenta Tamaulipas se replica en Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes y San Luis Potosí.

En esta lista también están Quintana Roo y Yucatán, según comentó Héctor Miguel Corral Estrada, copresidente del Comité Binacional de VIH ETS San Diego-Tijuana, quien precisó que desde el 10 de abril, el almacén del Estado de Baja California reporta inexistencia de seis medicamentos: Etravirina, Zidovudina 250 miligramos Didanosina 250 mg, Atazanavir 300 mg, Dolutegravir 50 mg y Lamivudina/Zidovudina 150 mg/300 mg.

Mientras que hay ocho medicamentos cuyas existencias en el almacén estatal y en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) se consideran críticas, toda vez que no alcanzarían a cubrir el tratamiento del número de pacientes que los usan hasta que concluya la licitación de medicamentos y material de curación del Gobierno Federal, que comanda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La situación se vuelve más incierta una vez que, sin razón, el 26 de abril dejó de operar el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (SALVAR) del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), el cual informaba sobre la existencia de esos fármacos.

Para Sergio Borrego, representante del Albergue Las Memorias de Tijuana, resulta “importante visibilizar a los menores de edad que viven con esta enfermedad, a los que también les están limitando tanto los análisis de laboratorio como los medicamentos, y son personas que no pueden levantar la voz”.

Por otro lado, Luis Adrián Quiroz Castillo, vocal del Consejo Nacional del Sida (Conasida), comentó a ZETA que en la Clínica Condesa de Ciudad de México “ya avisaron a los pacientes que les van a hacer cambios de tratamiento por cuestiones de existencia”, y refirió cinco casos de recetas no abastecidas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El activista es claro en afirmar que es “mentira” lo expresado por la Secretaría de Salud Federal en el comunicado del 17 de abril, respecto a que “está garantizada la entrega de medicamentos antirretrovirales” y que se cuenta “con el abasto suficiente para atender a quienes sean diagnosticados con la enfermedad”.

Versiones extraoficiales indican que Censida está amenazando a algunos laboratorios para que le presten medicamento, de lo contrario cambiará a los pacientes de fármacos, con el fin de minimizar o hacer invisible el problema de los inventarios, en lo que concluye la adquisición de fármacos e inicia su distribución.

Además, le ha pedido prestados dichos medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el riesgo de abrir “boquetes” en esta institución, en cuyo Hospital General de Zona Número 29, en la capital del país, se robaron medicamentos antirretrovirales y otros fármacos controlados.

“Desafortunadamente el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no aprendió con lo que pasó con el huachicol de la gasolina”, ya que en materia de salud se está observando exactamente lo mismo, pero a diferencia de los autos, “nosotros sí nos vamos a morir”.

“Se hacen medidas, las cuales aplaudimos -como el combate a la corrupción-, pero no se establece una ruta de cómo será el proceso”, lamentó Quiroz Castillo, quien también es coordinador general de la Organización del Derechohabientes viviendo con VIH del IMSS.

Él, con otros dos vocales de Conasida, enviaron una misiva al político tabasqueño para expresarle su “extrema preocupación” por la manera en que se está realizando la compra de medicamentos e insumos para la salud de los beneficiarios del Seguro Popular, particularmente los pacientes con VIH.

“Hasta el momento, los funcionarios de la SHCP han insistido en la razonabilidad de los precios de los medicamentos antirretrovirales y en la necesidad de conocer en detalle las condiciones de mercado, pero la salud y la vida de las personas con VIH no parece importarles”, se lee en el documento fechado el 25 de abril, en el que se afirma que el no haber hecho aún la compra “está a punto de provocar el desabasto generalizado de medicamentos antirretrovirales para más de 97 mil personas” en México.

Quiroz Castillo también denunció que desde la semana pasada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la Capital mexicana, se empezó a negar a las personas tratamiento para cáncer, “porque no lo tienen, y no pueden comprarlo”, ya que todos los medicamentos del Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular serán adquiridos en esa única licitación que encabeza la Oficialía Mayor de Hacienda.

Algo similar ocurrió en la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología en Mexicali, así como en el Hospital General de Tijuana, donde a alrededor de 270 pacientes se les aplazó la aplicación de quimioterapias, según la propia Secretaría de Salud de Baja California.

Dicha dependencia informó que esta situación se debió a la falta de medicamentos, pero después que estos se licitaron por un monto de 12 millones de pesos, se regularizó el suministro.

Más de 10 Estados con abasto de medicamento menor al 80%

Durante la comparecencia del 22 de abril ante la Comisión de Salud del Senado de la República, en la que funcionarios informaron sobre la compra consolidada de más de mil 332 claves de medicamento y alrededor de 2 mil de material de curación que efectúa el Gobierno Federal para 22 estados, Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) informó que el abastecimiento de medicamento oscila entre 30 y 90% en el país.

De acuerdo con información obtenida por ZETA vía transparencia, durante el primer trimestre de 2019 las entidades que reportaron menor abasto de medicamentos fueron: Aguascalientes (58.65%), Baja California (60.00%), Veracruz (61.32%), Chiapas (65.00%), San Luis Potosí (66.25%), Sonora (68.00%), Oaxaca (72.00%), Colima (75.59%), Nayarit (78.40%) y Baja California Sur (79.40%).

Los nosocomios con situaciones más críticas fueron el Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo de León Mojica, con 9.80% de abasto durante enero-marzo de 2019, muy por debajo del 32% reportado en el mismo lapso del año anterior. Así como el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, con 29% de abastecimiento en el primer trimestre del 2019, ambos de Aguascalientes.

Además del Hospital General Río Verde, en San Luis Potosí, con 48% de abastecimiento; y el Hospital General de Tijuana, que ha ido incrementando su abasto de medicamentos y, al 30 de abril de 2019, se reportaba “ligeramente por arriba del 50%”, comentó en entrevista su director Clemente Zúñiga.

Pese a que Jalisco fue una de las Entidades que no brindó información de este tipo mediante transparencia, según Cisneros Luján, a la par de México son estados con un “desabasto mayúsculo” pese a que su farmacia está subrogada.

De hecho, dijo, a esas entidades con Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas, la Secretaría de Salud Federal les permitió no adherirse a la compra consolidada que lleva a cabo la SHCP para el segundo semestre de este año, dado que sería más difícil volver a echar a andar sus farmacias por la subrogación del servicio.

Cabe señalar que los estados que administran más hospitales (generales, materno, infantil, comunitarios y de especialidad) son: México (68), Veracruz (59), Guanajuato (42), Guerrero (40), Ciudad de México (32), Jalisco (32), Chiapas (26), y Durango (25).

En contraste, las Entidades Federativas con menos nosocomios que dependen de estas financieramente son: Nayarit (5), San Luis Potosí (5), Baja California (6), Colima (6), Aguascalientes (7), y Baja California Sur (7), de acuerdo con la información proporcionada por 23 estados. Misma que también muestra que algunos de los medicamentos de los que más se carece son:

En cuanto a material de curación, los datos recabados indican que once Entidades, cuyo presupuesto en conjunto superó los 27 mil millones de pesos, reportaron un abasto inferior al 80%, siendo Campeche (53.00%), Oaxaca (62.00%), San Luis Potosí (62.25%), Baja California (65.00%), Chiapas (67.00%), Sonora (68.00%), Veracruz (71.88%), Aguascalientes (73.00%), México (79.00%) y Nayarit (79.00%).

Los hospitales con niveles más bajos fueron el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en Aguascalientes, con 39.60%; el Hospital General de Matehuala, en San Luis Potosí, con 49%; el Hospital General Mixto Jesús María, en Nayarit con 50%; y el Hospital General de Tijuana, que al cierre de abril estuvo “ligeramente por arriba del 50%”.

De 18 Entidades que proporcionaron información respecto a su presupuesto en el 2019, se observa que Guanajuato ejercerá el más grande, de 12,312’561,890.79, del cual, poco más de 7 mil 321 millones de pesos será recurso federal. En contraste, Ciudad de México tiene el segundo presupuesto más grande (10,634’909,128.00), pero los recursos federales que recibirá, ascienden a mil 318 millones de pesos aproximadamente.

Las seis entidades que administran menos hospitales ejercerán en total poco más de 15 mil 255 millones de pesos. Dentro de éstas, Baja California tiene el mayor presupuesto, con 4,191’218,884.00, de los cuales poco más de 3 mil 104 millones de pesos provendrán del Gobierno Federal.

Federación se deslinda de desabasto

Ante los senadores, Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular del Seguro Popular, reconoció el desabasto de medicamento en las Entidades Federativas; sin embargo, descartó que sea consecuencia de la licitación de medicamentos que llevan a cabo las secretarías de Hacienda y de Salud Federal.

“No podemos negar que hay desabasto, pero hasta este momento igual que el año anterior tiene que ver en cómo se organizan las propias entidades federativas para adquirirlo”, para luego rematar que “han sido transferidos en tiempo y forma” los recursos a todos los estados.

No obstante, la funcionaria omitió decir que en diciembre del 2018, el Gobierno Federal instruyó a las Entidades para comprar los medicamentos y material de curación del 1 de enero al 15 de marzo del 2019, ya que después de esa fecha la Federación lo surtiría, como resultado de la licitación -que aún no concluye- y en línea con la nueva estrategia federal de consolidar todas las compras del Sector Salud, para otorgar a los estados el recurso presupuestado en especie en lugar de monetariamente.

Del mismo modo, se lavó las manos en cuanto a las pruebas de tamiz metabólico neonatal, aun cuando el secretario de Salud, Jorge Alcocer, a principios de abril reconoció que en algunas entidades se habían suspendido porque se realizará una nueva licitación, con lo que los estados tuvieron que afrontarlo y contratar el servicio.

Para Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, los problemas de abasto de medicamentos se deben al recorte presupuestal del 4% para la adquisición de éstos en el último año del sexenio anterior, y a que la administración que encabeza López Obrador no “ha podido movilizar con rapidez” los recursos.