CIUDAD DE MEXICO, 14 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos ejecutó de forma arbitraria a seis personas, entre los que se encuentran dos menores, durante los tres operativos que se realizaron en los límites de Temixco y Cuernavaca el pasado 30 de noviembre de 2017, los cuales derivaron en el enfrentamiento armado entre policías y civiles.
Después de la investigación de los hechos, el organismo concluyó que los elementos de seguridad incurrieron en allanamientos a las casas en las que estaban las víctimas; detenciones arbitrarias de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que culminó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores de edad; trato cruel, inhumano y degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, entre ellos dos infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.
Ante dicha situación, emitió la Recomendación 21VG/2019, donde atribuyó al Gobierno local la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes; mientras que señaló a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos por la dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad por las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron.
En el documento dirigido a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, y a Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Justicia en la entidad, la CNDH exige continuar con la investigación sobre la manipulación de tres cadáveres de las víctimas.
Asimismo, pidió al mandatario morelense que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley; reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del Estado de Morelos.
Además, la Comisión Nacional recomendó colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad.