CIUDAD DE MEXICO, 14 de julio (SinEmbargo).- El Poder Judicial y los congresos locales de algunas entidades han manejado miles de millones de pesos como parte de su presupuesto en los últimos cinco años, sin embargo, el uso de dichos recursos resulta poco transparente para los ciudadanos, ya que ninguno cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) propio, reveló una investigación de la organización civil Redes Quinto Poder IDEA A. C.
“Los 10 organismos mencionados están incumpliendo con el artículo 27 del Código Fiscal que obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen o los ingresos que perciban y también solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes”, se lee en el reporte.
De acuerdo con la investigación, en los últimos cinco años, el Poder Judicial manejó 31 mil 087 mil millones de pesos en Baja California, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí; mientras que los congresos locales del Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora manejaron un presupuesto de 21 mil 797 millones pesos en el mismo periodo.
“Dicha cantidad de dinero no puede ser rastreada con precisión por los ciudadanos, ni por las mismas auditorías estatales, pues ninguno cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) propio. Es decir, el órgano encargado de impartir justicia y los legislativos en dichos estados no tiene que preocuparse por justificar o transparentar sus gastos”, señaló la organización.
Para el estudio, precisó que enviaron 79 solicitudes de acceso a la información entre marzo y junio, las cuales tuvieron que mandarse dos veces en algunas ocasiones debido a que las repuestas otorgadas por el Poder Judicial o por los congresos estaban incompletas.
El Poder Judicial viola la ley
En el caso de Baja California, Redes Quinto Poder detectó que las auditorías ya habían encontrado ciertas irregularidades, entre las que se encuentra la falta de elaboración de recibos oficiales por al menos cinco millones de pesos y 305 mil pesos que el Magistrado Carlos Cataño se autoadjudicó.
Ante dicha situación, recordó, el Auditor Superior de Fiscalización de la entidad, Carlos Padilla, solicitó al Poder Judicial Estatal iniciar el trámite de su RFC, con el objetivo de que ya no hiciera uso del perteneciente al Ejecutivo.
Una situación similar ocurrió con Nuevo León, cuando la Tesorería General del estado le consultó a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las obligaciones de organismos autónomos a inscribirse ante RFC.
La opacidad en los Congresos
Por otra parte, la indagatoria de la asociación civil arrojó que los diputados locales gozan de varios privilegios, más allá del monto de sus salarios, pues también cuentan con beneficios fiscales, como es el caso del Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí.
En esas entidades, los legisladores registran sus gastos y facturas con el RFC del Gobierno estatal, por lo que existen diversas dificultades para rastrear el destino final de los recursos y para hacer valer el Impuesto Sobre la Renta.