CIUDAD DE MEXICO, 28 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno de Alfredo del Mazo Maza es responsable por un probable daño al erario público del Estado de México que supera los 1.8 mil millones de pesos, causado por irregularidades en el ejercicio de recursos, según los resultados de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las inconsistencias en el manejo de tres fondos y un programa públicos involucraron a cuatro dependencias del Gobierno estatal y a siete universidades locales. Entre las causas de perjuicio estuvieron diversas “inobservancias” de Ley, falta de transparencia, no integración o comprobación de recursos e intereses financieros, obra pagada no ejecutada y/o de calidad “deficiente”, falta de cobro de penas convencionales a contratistas y contrataciones injustificadas.
Además de las irregularidades en el ejercicio de recursos al corte del 31 de diciembre de 2018, la ASF determinó que el Gobierno estatal no ejerció más de 320.6 millones de pesos que debían ser utilizados antes del primer trimestre de 2019, para no generar impactos negativos –como sucedió– en el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos gubernamentales.
“En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos” de dos (de tres) fondos y del programa evaluado, por lo que incurrió en el “incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, se lee en las auditorías con folio 2018-A-15000-19-0837-2019 837-DS-GF, 2018-A-15000-19-0830-2019 830-DS-GF y 2018-A-15000-19-0843-2019 843-DS-GF.
Los hallazgos de la ASF se dan en un contexto en que el Gobernador Alfredo del Mazo Maza es señalado por haber omitido, en su declaración patrimonial de 2012, una cuenta bancaria con un saldo superior a 1.5 millones de euros en Andorra, un paraíso fiscal.
Aunque los recursos evaluados podrían ser justificados en los próximos meses, la administración de Alfredo del Mazo fue incapaz de solventar, al cierre de junio pasado, 26 advertencias de la Auditoría que generaron cuatro recomendaciones, 19 observaciones, una “promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal” y dos “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Mazo es (y será) responsable de las irregularidades que ocurran durante su mandato, ya que tiene la obligación de garantizar las “condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento” de su administración y la “actuación ética y responsable de cada servidor público” a su mando (Artículo 6).
La Ley también establece que el actual Gobernador es (y será) responsable de “encubrimiento” si en el ejercicio de sus funciones “llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas” y realizara conductas “para su ocultamiento” (Artículo 62).