CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio (SinEmbargo).- Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió un amparo contra la orden de aprehensión que un juez libró en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza y manejos indebidos de recursos en la administración de dicha compañía.
De acuerdo con medios nacionales, también se ampararon José Antonio Cañedo White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Carlos Enrique Williamson Nasi, directivos de la empresa Oro Negro.
La demanda de amparo fue admitida a trámite por Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien hasta el momento no ha concedido una suspensión para evitar la captura.
Las órdenes de captura fueron libradas por un juez penal por delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta, pero se les siguen cuatro líneas de investigación por otros delitos.
Los quejosos reclamaron la orden de aprehensión y la ejecución de esos actos de molestia. El juzgador programó la audiencia constitucional el próximo 20 de agosto.
A los imputados se les acusa de cometer un daño a inversionistas extranjeros por ma?s de 750 millones de pesos, pero los delitos que se les imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, no son graves y se pueden enfrentar en libertad.
Las irregularidades en el manejo y administración de los recursos no sólo afectó a los inversionistas extranjeros, sino a los trabajadores mexicanos, pues se canalizaron 200 millones de dólares de Afores a Oro Negro.
En los registros judiciales no aparece el nombre de Alonso del Val Echeverría, también directivo contra quien existe orden de captura.
Los directivos citados tenían bajo su control a Perforadora Oro Negro y a Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro.
La denuncia está radicada en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien los acusa de desviar recursos del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank, y de hacer disposiciones ilegales por más de 750 millones de pesos.
Explicaron que la empresa arrendaba plataformas de perforación a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las autoridades locales señalaron que los imputados llevan hasta 13 meses fuera del país, por lo que solicitarían una ficha roja para detenerlos e iniciar su extradición, aunque tengan despachos caros, como Quinn Emanuel, cuyos servicios fueron solicitados por Tomás Yarrington, y en el caso de Obedrecht.