CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre (AP).- Uno de los principales acusados de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el sur México fue liberado en la primera sentencia absolutoria sobre un crimen que conmocionó a México y el mundo.
Según explicó el martes a The Associated Press Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y abogado de las familias de las víctimas, el juez decretó la “absolución por insuficiencia probatoria” de Gilberto López Astudillo, que fue liberado el sábado.
“Judicialmente el caso (Ayotzinapa) ya se cayó”, se lamentó Aguirre. “Es un golpe muy duro, muy malas noticias para las familias”.
El abogado explicó que la decisión del juez se debió al “desaseo, las violaciones a los Derechos Humanos y las irregularidades de la investigación” del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
No obstante, también denunció que “la nueva Fiscalía no hizo nada para corregir esas deficiencias” aun cuando el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador instauró en enero una Comisión de la Verdad para aclarar las desapariciones.
“Es indispensable que se actúe con más firmeza y prontitud, con mayor coordinación y con más respaldo de todas las instituciones a la labor de la Comisión”, afirmó el Centro Prodh junto a otros colectivos en un breve comunicado el martes por la tarde.
López Astudillo, apodado “El Gil”, era considerado integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 en el estado de Guerrero. La antigua Fiscalía llegó a decir que fue quien dio la orden de desaparecer a los estudiantes porque los confundió con integrantes de un grupo criminal rival.
La antigua Procuraduría General de la República nunca acusó a nadie por la desaparición forzada -aunque numerosos policías fueron detenidos- ni tampoco por homicidio, aunque su tesis fue siempre que los jóvenes fueron calcinados.
Las autoridades detuvieron a más de 120 personas, muchas por presunta pertenencia a Guerreros Unidos, pero sólo casi la mitad siguen en prisión porque en el resto de los casos prosperaron los amparos interpuestos. Según Aguirre, entre los liberados están las seis personas a quienes la fiscalía acusaba de ser los autores materiales de los hechos.
Dos de los que siguen en la cárcel son el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes también están pendientes de que se resuelvan sus amparos, que podrían prosperar dada la cantidad de irregularidades ya acreditadas.
En el caso de López Astudillo el juez descartó más de 60 pruebas por considerarlas ilícitas -entre otras cosas porque se lograron mediante tortura-, agregó el abogado Aguirre. A las más de 40 restantes no las consideró suficientes para condenarlo por secuestro.
La puesta en marcha de la Comisión para la Verdad alentó a los padres de los desaparecidos pero hasta el momento no ha habido resultados concretos y sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes.