TIJUANA, Baja California, 6 de septiembre (Semanario Zeta).- En los primeros siete meses de 2019, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) entregaron 6 mil 658.3 millones de pesos por retiros parciales a miles de desempleados del país. Este monto es el más grande en una década, y para expertos consultados por ZETA, una señal de que el mercado laboral sigue en deterioro.
De continuar la tendencia alcista, en 2019 el monto total de estos retiros superaría los 11 mil millones de pesos, estableciéndose así un récord, ya que por año 2014 registró la cantidad más elevada, con 9 mil 863.6 millones de pesos, seguido de 2018, con 9 mil 610.3 millones de pesos.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los meses con mayor número de retiros por desempleo en el transcurso de 2019 fueron julio, con mil 204 millones de pesos; seguido de mayo, con mil 110.7 millones y enero, con 944.2 millones. Los datos también apuntan que el mayor número de retiros se da en Afores que administran cuentas de personas con bajos ingresos salariales, como Azteca y Coppel.
Para Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, si bien las personas con Afore pueden hacer retiros voluntarios de sus cuentas para otras necesidades como el matrimonio, el retiro por desempleo sigue siendo la primera fuente a la que se recurre cuando no se cuenta con un empleo formal.
“Esto es congruente con el avance de la tasa de desempleo, que en julio de 2019 alcanzó el 3.6 por ciento de la Población Económicamente Activa, cifra superior al 3.3 del mismo lapso del año anterior”.
Perspectiva similar comparte Robert Hernández Martínez, coordinador de la licenciatura en Actuaria en la Universidad Iberoamericana, quien comenta que ante la incertidumbre económica que prevalece, “las empresas están a la expectativa de cuál será el panorama que van a tener para tomar decisiones tanto de inversión como de generación de empleos, y mientras haya incertidumbre, las inversiones seguirán detenidas”.
En cuanto al beneficio que representa para los trabajadores hacer un retiro por desempleo, Salim Afiune Sawaya, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), explica que los retiros bajo la Ley de 1997 –que creó a las Afores– dependen de la cantidad de recursos que tenga el trabajador en su cuenta, y una vez hecho el retiro, se le descuentan semanas cotizadas.
Esa es la razón por la que se observan casos en que el trabajador tiene 140 mil pesos en su Afore y solamente le den 4 mil pesos como máximo por el retiro de desempleo, mientras le descuentan más de 250 semanas cotizadas. Panorama por el que el especialista no recomienda solicitar un retiro por desempleo, salvo en casos extremos. “Es muy agresivo el cobro de semanas cotizadas” considerando que veinte semanas de cotización es casi la mitad de un año de trabajo.
Bomba que estallaría en 5 años
Según la Consar, a partir de 2022 las primeras personas inscritas en las Afores comenzarán a retirarse con una pensión de 4 mil 475 pesos, dado que una mínima parte de los cerca de 80 mil inscritos al año alcanzará las mil 250 semanas de cotización que se requieren.
El pronóstico de la AMAC es menos halagüeño, pues indica que los trabajadores solo recibirán 10 por ciento de su último sueldo. Afiune Sawaya dice que esa tasa de reemplazo se debe a que las Afores son un plan contributivo, que requiere un ahorro adicional. De no hacerse, a la larga el monto no alcanza para una jubilación digna.
Es una “bomba” que podría explotar en cinco o seis años, cuando las generaciones inscritas en las Afores se den cuenta de que las pensiones son tan bajas que incluso el gobierno tendrá que otorgar recursos para proporcionar la pensión mínima garantizada prevista en la Ley del Seguro Social, que es de 1.5 veces el salario mínimo.
En contraste, las personas que aún se encuentran bajo el régimen de la Ley de 1973, tendrán una tasa de reemplazo del 100 por ciento si ganan menos de siete Unidades de Medida y Actualización (UMA). Cantidad que va disminuyendo hasta 25 UMA, con una tasa de reemplazo del 30 por ciento.
Para Hernández Martínez, la magnitud del problema no sólo está en cómo van a sobrevivir las personas, ya que algunas optarán por seguir trabajando, sino también en qué hará el gobierno ante tal presión financiera al presupuesto que supone el cambio en la pirámide poblacional y el incremento de la esperanza de vida, con lo que habrá “menos personas en edad productiva y más adultos mayores en 2050”.
Un estudio de la Cámara de Diputados señala que en 2030, por cada cinco trabajadores en activo habrá un jubilado. En 2015, el número de personas de más de 60 años fue de 10.5 millones, y en 2050, habrá 32.4 millones.
El mismo documento refiere que de 2014 a 2050, el gobierno erogará 5 mil 147 millones 718 mil pesos en los trabajadores que estén inscritos en las Afores. A lo que habrá de sumarse el monto de aquellos que se pensionen bajo la Ley de 1973, así como la pensión universal que reciben los adultos mayores, cuyo presupuesto en 2019 ascendió a 100 mil millones de pesos.
Debido a que el sistema de retiro mexicano es fragmentado (las condiciones de jubilación dependen de la institución que se trate: Pemex, ISSSTE, IMSS, gobiernos estatales y municipales), los trabajadores cuentan con condiciones de retiro específicas que derivan de conquistas laborales. Razón por la que se ha estimado que 19 estados de la República Mexicana cuentan con sistemas de retiro inviables a largo plazo, siendo Colima, Morelos y Querétaro, los “más problemáticos”. Mientras que otros 16 estados son viables únicamente para los próximos 16 años.