CIUDAD DE MÉXICO, 12 de enero (EL UNIVERSAL).- Morena en el Senado presentará una iniciativa de reformas legales para prohibir la práctica de la tortura expresamente con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión.
El coordinador de los senadores de Morena y promotor de la iniciativa, Ricardo Monreal, aseguró que ese delito continúa siendo recurrente por parte de servidores públicos encargados de seguridad y procuración de justicia a pesar de que desde 2017 la tortura ya está prohibida por la ley, por lo que hace falta amparar también a las personas que no son víctimas y reciben este tipo de maltratos.
La prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes es absoluta, no debe haber excepciones y, por tanto, esas prácticas no pueden ser aceptadas, defendidas, justificadas o toleradas en ninguna circunstancia, expuso Monreal.
El legislador expuso que según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante su arresto el 75% de las personas encuestadas sufrió algún tipo de violencia psicológica y el 64 %, algún tipo de violencia física.
A ese dato se añade, según el senador de Morena, que “hubo mil 518 asuntos que coordinó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), durante el mismo periodo de tiempo, que comprenden dos mil 949 víctimas directas y 754 indirectas, de las cuales sólo se incorporaron 691 al Registro Nacional de Víctimas”.
Por eso, el próximo periodo ordinario de sesiones Monreal promoverá reformas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y con el fin de para atender la crisis humanitaria derivada de la violación de derechos humanos en México.
Concretamente propone modificar el artículo 24 de la Ley para incluir expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de otras personas distintas de la víctima.
“Las víctimas indirectas de este delito han sido invisibilizadas de la legislación, pues se retoman en gran medida los términos de la Convención contra la Tortura u Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero los hechos reflejan que las personas que no son víctimas directas deben estar amparadas”, expuso.
Con la iniciativa también se busca atender los planteamientos del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés), el cual presentó las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México en julio del año pasado.
Además de las recomendaciones relacionadas con la implementación de la Ley, en el terreno legislativo el CAT expuso su preocupación de que no se abarquen de manera expresa los actos de cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero, ni aquellos dirigidos a intimidar o coaccionar a otras personas distintas de la víctima.