CIUDAD DE MEXICO, 5 de enero (SinEmbargo).- Los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo tienen el grado de endeudamiento más preocupante de las 32 entidades federativas a nivel nacional.
Las cifras oficiales indican que a pesar de tener un “rango medio” de endeudamiento, la deuda pública de estos cuatro estados de la República Mexicana está “en observación”.
Lo anterior fue determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya que, por un lado, los cuatro estados tuvieron niveles medios de “deuda pública y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición” (ILD); y por otra parte, porque Coahuila y Chihuahua tuvieron altos rangos de “servicio de la deuda y obligaciones como proporción de sus ILD”, mientras que Nuevo León y Quintana Roo presentaron niveles medios.
Esto quiere decir dos cosas.
Uno. Que la sostenibilidad del pago de créditos, emisiones bursátiles, deudas, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas y otros deberes financieros programados está en más riesgo que en otras entidades porque absorbe gran parte de los ingresos locales y de las participaciones federales que reciben los estados.
Dos. Que también está en juego la capacidad de pago de las amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos derivados de los adeudos financieros de los estados.
En resumen: si estas cuatro entidades federativas fueran individuos con una tarjeta de crédito, el banco –que representa al Gobierno federal– estaría observándolos para evitar que sus adeudos e intereses por deuda no se eleven lo suficiente, para comprometer su capacidad de pago.
Como consecuencia, el banco –o Gobierno federal– tendría que tomar cartas en el asunto. Esto es, reducir la capacidad de endeudamiento de los estados, o bien, siguiendo la metáfora de la tarjeta, recortando el límite de crédito de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo para el 2020.
De acuerdo con la metodología de medición del sistema de alertas del nivel de endeudamiento de la SHCP, un ente público –como los estados y municipios– con niveles de endeudamiento “sostenible” podrá contratar más deuda, con un techo de endeudamiento equiparable al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición, que son los ingresos estatales más las aportaciones federales, sin considerar el dinero que los estados les dan a sus municipios.
Sin embargo, cuando un ente público tiene un nivel de endeudamiento “en observación”, el techo de la deuda adicional se reduce al cinco por ciento sobre los ILD. En caso de contar con “altos” niveles de endeudamiento general, el ente obligado “no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas”, refiere la SHCP.
Para el ejercicio presupuestario de este año y según los últimos ingresos de cada entidad federativa, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo podrán contratar hasta un cinco por ciento de deuda adicional sobre sus ILD, por montos equiparables a 1 mil 210, 1 mil 711, 2 mil 344 y 811 millones de pesos, respectivamente.
Deudas in crescendo
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado de austeridad y no endeudamiento a las entidades federativas y municipios, ya que en los últimos meses se han endeudado sin otra opción, debido a la “preocupante” situación económica por la que atraviesan, a causa de los “desórdenes fiscales” que dejaron las administraciones anteriores.
Durante la mañanera del 2 de enero de este año, AMLO justificó el aval del Congreso de Sonora para contratar una deuda adicional de 1 mil 300 millones de pesos. Sin embargo, reconoció la necesidad de aplicar “una política de cero endeudamiento” en los años por venir, además de seguir el ejemplo de Tlaxcala, “que hasta en su ley local tiene prohibido el endeudamiento”.
Las cifras de la Secretaría de Hacienda indican que la deuda pública de los estados y sus municipios alcanzó un récord histórico de 579 mil 709.4 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2019. Esta cantidad es 0.7 por ciento superior a la registrada en el tercer trimestre de 2018 (575 mil 827.7 mdp) y superior al tercer trimestre de los años transcurridos entre 2005 y 2017.
Pese a que el endeudamiento de los estados fue al alza en 11.3 por ciento promedio anual desde 2001, y a que el endeudamiento de los tres primeros trimestres de 2019 es superior al del endeudamiento de años anteriores, la tendencia de endeudamiento durante el año pasado fue a la baja.
La deuda de las entidades federativas cerró el último año de Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2013-2018) con un balance conjunto de 601 mil 218.3 millones de pesos.
En el primer trimestre de 2019, el balance general de endeudamiento de los estados cayó 0.9 puntos porcentuales y se colocó en 595 mil 789.9 millones de pesos. Para el segundo trimestre del año, esta cantidad decreció 1.1 por ciento y cerró con 589 mil 189.1 millones de deuda pública. Y en el tercer trimestre de 2019, la deuda fue 1.6 por ciento inferior a la del trimestre anterior y alcanzó los 579 mil 709.4 millones de pesos.
Aunque 2019 tuvo tres trimestres al hilo con decrementos en la tasa de endeudamiento, lo que no había sucedido en los últimos 13 años, el nivel de la deuda general de las 31 entidades federativas es el más elevado de los terceros trimestres desde 2005.
Composición de la deuda
Al cierre del tercer trimestre del año pasado, 27 de 31 entidades federativas presentaron un nivel de endeudamiento “sostenible”.
Sin considerar a Tlaxcala, que no cuenta con financiamientos y obligaciones inscritas en el Registro Público Único de la SHCP, los estados de Querétaro, Guanajuato y Guerrero sobresalieron por sus bajos niveles de endeudamiento público, con valores equivalentes al 2.3, 20.5 y 23.5 por ciento de sus respectivos ILD.
Los niveles de endeudamiento de estos cuatro estados contrastaron con los de Coahuila, que tuvo los niveles más elevados de deuda y obligaciones sobre los ILD (153.6 por ciento).
Existen tres indicadores que la SHCP utiliza para determinar si la deuda pública estatal es adecuada o no. El primero es el endeudamiento por créditos, bonos y asociaciones público-privadas. El segundo corresponde a los intereses financieros relativos a los adeudos mencionados; y el tercero comprende las obligaciones a corto plazo (12 meses) con proveedores y contratistas.
Los primeros dos indicadores son calculados con base en los ingresos de libre disposición (ingresos estatales más las aportaciones federales, sin considerar el dinero de los municipios); y el tercer indicador es calculado con base en los ingresos totales de las entidades federativas, es decir, la suma de ILD y las Transferencias Federales Etiquetadas, compuestas por fondos y convenios de aportaciones.
Salvo por Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, todos los estados reflejaron un “rango bajo” de endeudamiento según el primer indicador.
En promedio, los 31 estados presentaron un nivel de endeudamiento equiparable al 58 por ciento de sus ILD. En cambio Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León tuvieron porcentajes de endeudamiento público de 153.6, 148, 121.9 y 108.2 por ciento, respectivamente.
Del otro lado de la balanza estuvieron Querétaro, Guanajuato, Guerrero y Tabasco, este último con un porcentaje de deuda de 24.7 por ciento sobre los ILD.
Acerca de los intereses por deuda del segundo indicador, la SHCP reportó que Coahuila y Chihuahua tuvieron “alto” grado de obligaciones financieras, con 15.9 y 15.6 por ciento cada uno, sobre los ILD. Dicha cantidad fue superior a la media nacional (7.3 por ciento de los ILD).
Aunque hubo 19 entidades federativas con “grado bajo” de obligaciones financieras por intereses de deuda pública, 10 entidades federativas quedaron “en observación” por presentar un índice medio de riesgo: Baja California, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
En este indicador, Querétaro, Guanajuato, Guerrero y Tabasco repitieron como los estados con los niveles más bajos: 3.3, 3.1, 2.8 y 1.5 por ciento de los ILD, cada uno.
Las cifras de la SHCP también indican que todas las entidades federativas tuvieron niveles sostenibles de obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas.
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo repitieron como las entidades federativas con mayores índices (7.5, 6.6, 5.7 y 5.1 por ciento sobre los ingresos totales de los estados, cada uno), en contraste con Querétaro, Guanajuato, Guerrero y Tabasco que presentaron los índices más bajos (-21.2, -13.6, -11.8 y -10.7 por ciento, respectivamente).