RINCON DE CHAUTLA, Morelos, 10 de febrero (Reuters).- Cuando la suegra de David Sánchez fue torturada y hallada muerta tras aventurarse fuera de su pequeña comunidad rodeada de carteles mexicanos de la droga, dejó que sus hijas de siete y 10 años recibieran entrenamiento para aprender a disparar armas.
Incapaces de enviar a sus hijos a la escuela y demasiado temerosos de salir de su enclave conformado por 16 aldeas entre las montañas del suroccidental Estado de Guerrero, los pobladores aseguran que les quedan pocas opciones.
“Esto lo hacen para prepararse y defender a la familia, sus hermanos y defender el pueblo”, dijo Sánchez, un agricultor de una accidentada región que hace cinco años formó una milicia de “policía comunitaria” de autodefensa para protegerse.
La medida para entrenar en el uso de armas a niños en edad escolar conmocionó a la nación en enero, después de que medios locales transmitieran imágenes de infantes de tan sólo seis años con armas de fuego y ejecutando maniobras militares.
Los ancianos de la comunidad principalmente indígena aseguran, en privado, que los niños pequeños no serían utilizados para luchar contra los pistoleros de los grupos criminales, aunque dicen que han intentado obtener la ayuda de funcionarios en Ciudad de México en medio de la desesperación.
El mes pasado, 10 músicos del área fueron emboscados y asesinados por presuntos miembros del cartel Los Ardillos después de salir del territorio custodiado por miembros de la autodefensa, conocida como CRAC-PF. Sus cuerpos fueron quemados.
El ataque siguió a una serie de crímenes en el último año, incluida una decapitación, que sacudió a los 6,500 habitantes de la región, cuya exuberante tierra se encuentra en medio de fértiles cultivos de amapola que alimentan el comercio de heroína y las rutas de suministro hacia Estados Unidos.
Los constantes ataques y las condiciones de asedio que enfrentan los pobladores enfatizan el poder del cartel y el fracaso de las autoridades mexicanas.
“Este es un grito público de ayuda de una comunidad que ha sido acorralada”, dijo Falko Ernst, analista de International Crisis Group (ICG, por sus siglas en inglés). “Han estado tratando de obtener asistencia del Gobierno Federal y Estatal, sin éxito”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes arman a los niños “deberían avergonzarse de sí mismos” y denunció el uso de menores de edad para llamar la atención.
El Gobierno de López Obrador ha luchado por controlar la violencia pero, el año pasado, la cifra de asesinatos trepó a un récord de 34,582.
“No quería ir a la escuela”
Los vecinos siguen desconfiando profundamente de las autoridades regionales y del puñado de policías locales en sus aldeas, a quienes acusan de ser los ojos y oídos de Los Ardillos.
Los padres dicen que sus hijos se ven obligados a dejar la educación una vez que alcanzan los 12 años, ya que las escuelas intermedias están en territorio controlado por el cartel.
Abuner Martínez, de 16 años, dejó de asistir al colegio hace un año después de que su padre fue secuestrado fuera del territorio CRAC-PF, torturado y luego decapitado.
“Yo al momento me asusté, yo no quería ir a la escuela”, dijo Martínez, quien ahora empuña una escopeta mientras vigila un puesto de control.
Los Ardillos quieren extorsionar a los agricultores y obligarlos a cultivar amapola para el cartel, relató el hermano de Luna, David, quien fundó el CRAC-PF. “Nos encontramos sitiados”, dijo.
La llamada CRAC-PF repelió un gran ataque de Los Ardillos en enero de 2019, pero los habitantes de la región viven con miedo a que la sirena, un sistema de alarma de la comunidad, vuelva a sonar.
Los agricultores cuidan sus campos de maíz con escopetas colgadas de sus espaldas, mientras que los milicianos armados del CRAC-PF vigilan y patrullan su territorio las 24 horas.
La esposa de David Sánchez, Alberta, rompió en llanto cuando describió haber recibido el cuerpo de su madre plagado de marcas de tortura. “Es muy lamentable lo que nos pasa”, dijo, secándose las lágrimas.