CIUDAD DE MEXICO, 18 de marzo (SinEmbargo / EL UNIVERSAL).– La Interpol busca en más de 190 países al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, Tomás Zerón de Lucio, y al extitular de la Policía Federal Ministerial (PFM), Carlos Gómez Arrieta.
Ambos son requeridos por la justicia mexicana por su presunta participación en hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron este miércoles fuentes ministeriales.
Luego de que un juez federal girara órdenes de aprehensión contra Zerón de Lucio y Gómez Arrieta, la Fiscalía General de la República solicitó a la interpol la emisión de la ficha roja en contra de los exmandos, por lo que ya son buscados en el extranjero.
Según las fuentes consultadas, a Zerón de Lucio, a quien se le ubica en Canadá, país al que habría ingresado desde finales del año pasado, se le acusa de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Zerón de Lucio fue un hombre protegido por el expresidente Enrique Peña Nieto. Cuando la presión social condujo a su destitución como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue directamente asignado como asesor de la Presidencia. Este nuevo encargo fue tomado como un intento de Peña por protegerlo.
La orden de aprehensión en contra del extitular del AIC fue emitida por la FGR el 10 de marzo pasado, por lo que la Interpol giró una ficha roja para su captura en el extranjero, pues según los reportes federales, Zerón se habría fugado a Canadá.
El diario de circulación nacional explicó que la acusación contra Zerón de Lucio, por los cargos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas, surgió después de lo ocurrido el 28 de octubre del 2014 en Río San Juan de Cocula, Guerrero, día en que supuestamente se llevó ilegalmente y sin la compañía de su abogado a Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los presuntos implicados en el hallazgo de restos de los 43 normalistas.
En un informe de la Visitaduría General de la FGR del 25 de junio de 2019, citado por Reforma, se advierte que el exfuncionario también ordenó a los peritos de la extinta PGR llevar a cabo la búsqueda de los restos humanos solo en el río, impidiendo que se investigara en toda el área.
Por este motivo, fuentes ministeriales aseguraron que existen pruebas suficientes para confirmar que Tomás Zerón de Lucio y su equipo de AIC fabricaron el informe de “la verdad histórica” acerca de la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un tercer implicado en el delito de tortura contra uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Funcionarios federales revelaron que trata del exmarino, Ariel Agustín Castillo Reyes, quien junto con Ezequiel Peña Cerda y otros integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, participaron en la detención, el 22 de octubre de 2014, de Carlos Canto Salgado, quien fuera torturado por dichos mandos, según un video que se difundió en redes sociales el año pasado.
Castillo Reyes y Peña Cerda firmaron la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal de Canto Salgado, en la que señalaron que el imputado, que ya obtuvo su libertad, fue detenido por la Policía Federal Ministerial y la Marina Armada.
Al momento de la FGR ha cumplimentado tres de las seis órdenes de aprehensión que obtuvo de juez federal el 10 de marzo, por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, en el caso Ayotzinapa.
La tortura a personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes fue comprobada desde 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 15 de marzo de ese año la dependencia publicó un informe donde apuntó que al menos 34 personas detenidas en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturadas.
Mientras que desde junio del año pasado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, misma que fue conformada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reposición se ordenó porque los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
Detención de Zerón romperá pactos de impunidad
La reciente detención de funcionarios que utilizaron la tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa, así como la orden de detener a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, ayudará a romper los pactos de impunidad y silencio que rodean a la desaparición de 43 normalistas desde hace cinco años.
Así lo consideraron distintas organizaciones sociales que desde un inicio dieron seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y que ahora celebran las detenciones efectuadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios que habrían torturado a personas implicadas en el caso.
“De sostenerse, estas acciones pueden contribuir a romper los pactos de impunidad y silencio que han impedido alcanzar la verdad”, señalaron el Centro Prodh, Serapaz, Fundar y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Derechos Humanos celebra detenciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró “positivamente” los avances registrados en el caso Ayotzinapa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuó la detención de funcionarios que supuestamente cometieron actos de tortura contra Carlos Canto Salgado, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Los actos de tortura cometidos contra Carlos Canto y posiblemente contra otros implicados —la Organización de las Naciones Unidas detectó 34 casos de tortura en la investigación— provocó que la indagatoria de Ayotzinapa se desmoronara y muchos de los presuntos culpables de los hechos registrados en Iguala, Guerrero, quedaron en libertad.
Por ese motivo, el organismo internacional celebró a través de Twitter que las detenciones de la FGR: “En línea con la MC-409-14 y el informe del GIEI, la CIDH recomendó reiteradamente a México que investigue a funcionarios involucrados en la construcción de la ‘verdad histórica’ por lo que saluda y valora positivamente estos avances”.
La CIDH agregó que seguirá pendiente de la evolución de la investigación y dijo que queda a la espera la ejecución de “otras órdenes de detención contra quienes participaron en actos de obstrucción de justicia en la desaparición forzada de Ayotzinapa”.
Este organismo internacional participa en las indagatorias del caso a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En varios momentos la CIDH, como las Naciones Unidas, han llamado la atención sobre las vulneraciones a derechos humanos que sufrieron no sólo los normalistas desaparecidos, sino las personas que fueron torturadas y detenidas arbitrariamente en la investigación.