Gobierno defiende etiquetado de alimentos ante empresarios

CIUDAD DE MEXICO, 1 de marzo (EFE).- El Gobierno mexicano defendió este domingo el nuevo etiquetado de alimentos para combatir la obesidad después de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reveló que una jueza suspendió el proceso de creación de la norma por un recurso legal del sector privado.

La nueva Norma Oficial Mexicana 051 “cumple cabalmente” con la reforma a la Ley General de Salud publicada en noviembre pasado, afirmó un comunicado conjunto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las secretarías mexicanas de Salud y Economía.

“Con esta modificación se busca dar un paso más para afrontar con firmeza la epidemia de sobrepeso y obesidad que tanto lesiona la salud de los mexicanos y la competitividad de nuestro país”, argumentó el boletín oficial.

Las dependencias recordaron que el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas advertirá de manera “veraz, clara, rápida y simple” sobre el exceso de azúcar, calorías, grasas y sodio de los productos preenvasados.

Estas etiquetas, en forma de octágonos negros, despiertan críticas del sector privado, por lo que la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) obtuvo una suspensión provisional, con lo que la publicación de la norma “por el momento se paraliza”, explicó el CCE este domingo

La principal agrupación empresarial del país argumentó que “no se tomó en cuenta” la evidencia científica, por lo que “se vieron obligados” a recurrir al Poder Judicial para garantizar un “proceso incluyente y transparente”.

Sin embargo, el Gobierno mexicano aclaró en su comunicado que la suspensión provisional en “nada prejuzga” la legalidad del proceso para el desarrollo de la norma, que se aprobó en enero derivado de la reforma legal.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó el mes pasado que el nuevo etiquetado será “de los mejores del mundo” al asegurar que las secretarías mexicanas de Economía y Salud siguieron un “proceso transparente y participativo que escuchó a diferentes grupos”.

Las dependencias del Gobierno anunciaron que ya impugnaron la suspensión provisional de la norma ante autoridades con jurisdicción superior.