CIUDAD DE MEXICO, 10 de abril (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no condonará el pago del servicio de energía eléctrica durante la emergencia sanitaria por COVID-19, así lo confirmó su titular Manuel Bartlett Díaz.
En entrevista al salir de Palacio Nacional, el funcionario descartó la posibilidad debido a que la Comisión es una empresa que tiene que pagar los salarios de 90 mil trabajadores y compra combustible para generar electricidad.
“La CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, o alguna empresa que dice yo te pago la electricidad dentro de tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra […] y no puede hacer condonaciones”.
Por lo anterior, expresó que la población tiene que hacer un esfuerzo grande para entender que la CFE es una empresa que garantiza la electricidad en los hospitales y en las casas.
“Es una cuestión vital y deben de cumplir con las responsabilidades con la CFE”, apuntó.
Sin embargo, refirió que se revisarán los casos en los que haya imposibilidad de realizar el pago, pero que “como regla general” la población debe atender su responsabilidad para mantener a la Comisión funcionando.
“Vamos a hacer un enorme esfuerzo para fortalecer la CFE y dejar una empresa con toda la capacidad para atender al país. Debe ser una inversión de más de 3 mil millones de dólares, es un programa anticíclico que sirve ahorita para que la CFE se fortalezca”, dijo Bartlett.
Añadió que la empresa estatal analiza cómo cumplir la reducción del 50 por ciento del gasto corriente aun cuando no entra en las reglas establecidas por el Gobierno federal de ser una empresa estratégica.
Aseguró que se realizará un recorte del gasto corriente debido a que la empresa registrará menores ingresos en diversas áreas, por lo que se analizarán las medidas que se implementarán para suplir lo que se dejará de percibir.
Ayer, la Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo un llamado a los titulares del Gabinete legal y ampliado del Gobierno a reducir en al menos 50 por ciento el gasto asignado a servicios generales y de operación para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el objetivo de “liberar recursos”.