CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo (EL UNIVERSAL).- Por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral amplió hasta antes de que inicie el proceso electoral, en septiembre, el plazo para resolver sobre la procedencia del registro de los nuevos partidos políticos que podrán competir en las elecciones de 2021.
“No permitiremos simulaciones, ni cachirules en el sistema de partidos”, advirtió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
“El INE no pacta ni regala registros de partidos políticos”, sostuvo Córdova, al plantear que la única forma en la que podría cumplir el plazo legal del 1 de julio para resolver sobre los registros de nuevos partidos, sería concediendo registros en automático, y eso no pasará.
La emergencia sanitaria por el COVID-19, que obligó a suspender actividades no esenciales en marzo, interrumpió algunas tareas indispensables para analizar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos de las organizaciones que aspiran a ser partidos, hasta ahora 6, más una que por orden judicial también está en revisión.
Por eso, el INE no ha podido avanzar en la revisión de los padrones para descartar afiliaciones indebidas, corporativas, con datos falsos o duplicadas con partidos ya existentes, expuso.
Tampoco se han concluido las tareas de fiscalización de las organizaciones que quieren obtener su registro, ni la investigación de quejas para verificar que ninguna de las organizaciones haya cometido actos prohibidos en las asambleas (rifas, conciertos, promesas materiales o monetarias, entre otras); que haya recurrido a afiliaciones corporativas o que haya tenido apoyos prohibidos por la ley de gobiernos, sindicatos, iglesias u otros partidos.
Por eso se decidió ampliar el plazo, para resolver, y hoy ninguna de las siete organizaciones con posibilidades pueden ostentarse como partido ni acceder a prerrogativas, pero el INE concluirá con detalle su revisión, para que la ciudadanía tenga certeza sobre cuáles organizaciones podrán competir por su voto en las elecciones de 2021, expuso Córdova.
En sesión virtual, la consejera Adriana Favela estableció que “a lo imposible nadie está obligado”, y no por la contingencia van a flexibilizar los requisitos.
Destacó que se han intentado diligencias, pero los sindicatos no han proporcionado, por ejemplo, los padrones de sus trabajadores para hacer los cruces con organizaciones que buscan registro en aras de revisar que no haya afiliaciones corporativas.
Hay cosas que no son factibles cumplir porque hay actividades suspendidas, por ejemplo, “no tenemos acceso a información de la Comisión Nacional Bancaria para realizar tareas de fiscalización o información de ministros de culto y el tema de los sindicatos”, dijo el consejero Ciro Murayama.