CIUDAD DE MEXICO, 17 de junio (El Economista / Sin Embargo).- El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, solicitó el retiro de la iniciativa de ley para fusionar a los órganos reguladores de energía, telecomunicaciones y de competencia económica en un solo regulador bautizado como Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).
La petición fue presentada esta mañana a la presidenta de la Mesa Directiva de la misma cámara, Mónica Fernández, quien procederá a retirar esa propuesta de las discusiones generales del Senado y con lo que aquellas intenciones del senador y de su grupo político, Morena, para crear al Inmecob quedarán muertos.
“Por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, me permito solicitar su apoyo a efecto de realizar el retiro de la iniciativa”, escribió Gilberto Encinas, secretario técnico de Morena en el Senado, en una carta enviada a la Mesa Directiva.
La iniciativa de Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y jefe de campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en el año 2012, pasaba por modificar los artículos 27 y 28 de la Carta Magna para alcanzar la reforma constitucional que daría paso a la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y propiciar el nacimiento del Inmecob como un macro regulador de energía telecomunicaciones, radiodifusión y asuntos relacionados con la competencia económica.
El argumento de Monreal se basaba en el ahorro de recursos con la fusión de la Cofece, la CRE y el IFT en el Inmecob, de un presupuesto sumado actual por 2,375.35 millones de pesos, a 1,875.35 millones de pesos; 21.5% menos.
Para conseguir la reforma constitucional, la iniciativa de ley de Morena necesitaba reunir los votos de dos terceras partes de los senadores.
El Movimiento de Regeneración Nacional cuenta con 70 senadores entre los suyos propios y los senadores de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, por lo que debía conseguir todavía otros 15 votos entre los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional o de la Revolución Democrática para iniciar la fusión de los tres reguladores existentes en uno solo.
En la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Morena enfrenta problemas internos que salpican a los líderes de ese organismo político, principalmente a los líderes y exlíderes del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar y Yeidckol Polevnsky, una situación que hubiera significado vulnerabilidad para la iniciativa de Monreal en el Senado.
En la última semana, diversos actores de la industria y analistas presentaron informes y divulgaron cartas públicas sobre el quehacer de los órganos reguladores y porqué se afectaría el trabajo regulatorio y la competencia con el nacimiento del Inmecob.
Y la iniciativa de Ricardo Monreal también se topó con los preceptos del T-MEC, nota número 14 en el capítulo 18, que obligan a México a contar con un órgano regulador de telecomunicaciones independiente de cualquier otra instancia de gobierno, empresa y regulador.
Otra iniciativa
castigaría fraudes electorales
Ricardo Monreal Ávila propondrá castigar con hasta 22 años de prisión a quienes realicen fraudes electorales.
El senador aclaró que con esta reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales buscarán frenar la impunidad en delitos electorales además de “persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas”.
La reforma establece que “si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien, para realizar dos o más conductas previstas como delito en la ley”, se castigará con 15 años de prisión y una multa de hasta 651 mil 600 pesos.
En la iniciativa se detalló que si al cometer el delito hay violaciones dolosas, graves, sistemáticas o determinantes y comprobables, la pena podría aumentar hasta los 22 años de cárcel.
Ricardo Monreal añadió que la sanción también aplicará cuando los actos tengan el “consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata”.
El Senador precisó que con la iniciativa se quiere fortalecer la democracia en el país, la cual se ha que se ha visto cubierta “históricamente” por los fraudes electorales.