A pesar de que Kamel Nacif Borge aún no ha sido detenido, la Fiscalía General de la República (FGR) ya promovió su captura con el objetivo claro de extraditarlo con base en el delito de tortura por el que se le acusa en contra de la periodista Lydia Cacho.
Fue a principios de abril de 2019 que el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo ordenó el arresto de Nacif, debido a la tortura a Cacho; a su vez, extendió la orden en contra de quien fuera el ex gobernador de Puebla, Mario Marín y de Adolfo Karam Beltrán, ex jefe de la policía de Puebla. Tras ello, la policía internacional (Interpol por sus siglas en inglés) levantó una ficha roja para que Kamel fuera buscado a lo largo de más de 190 países.
Las fechas de emisión de esos giros de aprehensión fueron cruciales en la huída del conocido “Rey de la Mezclilla”, pues en marzo del mismo año, éste huyó de México; sin embargo, existen fuentes de la FGR que señalan que la huída de Nacif ocurrió un año antes; en retrospectiva, fue el 14 de febrero de 2006 que se hicieron públicas unas grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, pruebas que desvelaron su intención de secuestrar a Lydia Cacho.
Cabe recordar que el apodo que ahora merece Nacif como “Rey de la Mezclilla” deviene del gran número de empresas textiles que estructuró a lo largo de su vida y que se ubican en diferentes estados del país. Fue en 2003 que Lydia Cacho escribió una serie de artículos sobre el abuso sexual de menores para el periódico Por Esto, trabajo que le valió el ubicar a una red de prostitución y pornografía infantil en el estado de Quintana Roo integrada por empresarios de alto nivel y funcionarios públicos que actuaban con toda impunidad a sabiendas del gobierno local.
Fotografías, testimonios, documentos oficiales y grabaciones fueron el material contundente para que Cacho hilara la historia de las mencionadas redes de pederastia en Quintana Roo y publicara el libro “Los Demonios del Edén” en 2005, señalando a personajes políticos de gran incidencia en el gobierno como Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes como funcionarios que permitían que la red operara en total impunidad, además de acusar al empresario Kamel Nacif Borge de proteger a Jean Succar Kuri, un hotelero poderoso con grandes intereses en Cancún a quien se identificaba dentro de la red de explotación sexual de niñas y lavado de dinero.
Ese mismo año, Nacif demandó a Cacho por difamación ante las autoridades de Puebla, el estado en el que éste residía, motivo por el que la periodista fue detenida el 22 de junio también de 2005 por la policía judicial, misma que la trasladó hacia Cancún para después ser trasladada vía terrestre hacia Puebla por órdenes de la juez Rosa Celia Pérez González.
Durante ese lapso de tiempo, la periodista fue torturada psicológicamente por los policías, quienes amenazaron con abusar de ella sexualmente, para después encerrarla en una celda, desnuda en la que la fotografiaron. El arresto fue de 30 horas y sólo concluyó hasta que se pagó una fianza al equivalente a 8,800 dólares en ese año.
Fue en 2006, es decir, un año después, que Cacho fue absuelta por el delito de calumnia ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJP). Sin embargo, en el inter, se sabe la tortura que sufrió la periodista en prisión fue por señalar al grupo de políticos y empresarios como integrantes de redes de lavado de dinero y financiamiento de campañas a gobernadores. Ese mismo año, Cacho denunció a Kamel Nacif y a Mario Marín tras la grabación telefónica que ambos sostuvieron y que el periódico La Jornada filtró en la que se desvelaba la intención que tenían de vengarse en contra de Lydia.
Dentro de los señalamientos de Cacho también se encontraban la procuradora de Puebla, Blanca Villeda, así como la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas de abuso de autoridad, falsedad de declaraciones y tentativa de violación. Incluso el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque a la larga, el caso fue desechado por los ministros a cargo de éste, pues consideraron que no había motivo para que se considerara que se había violado los derechos de la periodista. Al correr de los años, fueron detenidos, en 2014, José Montaño Quiroz, ex comandante de la policía ministerial de Puebla y, en 2018, Alejandro Rocha, agente ministerial, ello con base en actos de tortura
No fue sino hasta enero de 2019 que el gobierno emitió una disculpa de corte público hacia Lydia Cacho en la que reconocía que su detención había sido arbitraria, ello gracias al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que señaló que el gobierno tenía la obligación de procesar, juzgar y castigar a los responsables. A partir del 11 de marzo de 2019, el Tribunal Unitario de Quintana Roo, ordenó el arresto de Mario Marín y Kamel Nacif; el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, señaló el pasado 10 de julio de 2020 el inicio de la extradición de Nacif a México.