El Congreso de la Ciudad de México aprobó dictamen para reformar el Código Penal local con el objetivo de sancionar penalmente a la persona servidora pública que de forma indebida difunda información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal, iniciativa conocida como Ley Ingrid.
Con esto se podría imponer de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos.
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Al fundamental el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez (MORENA), destacó la importancia de la reforma que busca proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres. Dijo que esto permitirá que las personas servidoras públicas no filtren imágenes o videos de manera ilegal o se comercialicen.
Asimismo, se precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen.
Con información de El Heraldo de México
LAF