Este 26 de septiembre, se cumplen 9 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero.
Aquel día de 2014 los estudiantes normalistas desaparecieron en la ciudad de Iguala y desde entonces, sus familiares han emprendido una búsqueda de sus hijos, así como de la verdad y la justicia.
En estos años los señalamientos a probables responsables, han apuntado hacia muchas direcciones, encontrándose en la mayoría de ellas, con acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico.
El Caso Ayotzinapa ha sido un escándalo que ha trascendido las fronteras del país, convirtiéndose además en uno de los más mediáticos de los últimos años.
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Se entregará a padres de estudiantes de Ayotzinapa un expediente de lo que se tiene
De acuerdo con las investigaciones del gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Orador, se trató de un ‘crimen de Estado’, en el que se encuentran involucrados inclusive, funcionarios del más alto nivel en el gobierno.
La verdad histórica
En la primera versión oficial que se tuvo de estos hechos, se indicó que los estudiantes fueron entregados por policías municipales de Iguala, a los Guerreros Unidos, un grupo criminal que opera en esa región de Guerrero.
Las primeras declaraciones señalaban que los jóvenes fueron confundidos como miembros de ‘Los Rojos’, grupo rival al ya mencionado y por ello fueron entregados, para posteriormente asesinarlos e incinerarlos en el basurero municipal de Cocula.
La investigación encabezada por Tomás Zerón, determinó que además de lo ya mencionado, los estudiantes no habían acudido a Iguala por autobuses, sino que el objetivo de ir a Iguala, era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.
Con estas conclusiones, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, calificó como ‘Verdad histórica’, los resultados de la investigación encabezada por Zerón de Lucio.
Sin embargo, la ‘Verdad Histórica’ determinada por Murillo karam en su momento, no fue aceptada por los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes solicitaron peritajes a organismos nacionales e internacionales, independientes del gobierno federal.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surgió del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014.
Su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como las investigaciones y acciones que pudieran ayudar a sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.
El GIEI desestimó los resultados de la investigación realizada durante la administración de Enrique Peña Nieto, argumentando que en dichas indagatorias no se había "atendido adecuadamente la línea de investigación", demostrando la existencia de "una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano".
Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a "encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes".
Y en ánimo de cumplir con ese compromiso, muy temprano en su gestión, anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ).
En 2020, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio por cancelada la ‘Verdad Histórica’, al tiempo que solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Entre los implicados, apareció el jefe de la investigación Tomás Zerón, quien hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia mexicana, huyendo a Israel, donde reside.
Gertz Manero señaló que el motivo de las órdenes de detención, obedecía a que existen elementos que presumen alguna responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
"Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR", declaró el fiscal Gertz Manero en julio de 2020.
Al mismo tiempo, el fiscal general de la República, descartó la versión de que los estudiantes hubieran sido incinerados.
Al tomar el control de las investigaciones, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de derechos humanos, presentó en agosto de 2022 un informe con conclusiones preliminares en el cual se estableció que en el crimen "concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano".
Asimismo declaró que: "La creación de la 'verdad histórica' fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes".
Encinas Rodriguez indicó que a lo largo de estos años, 26 personas clave vinculadas han fallecido por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación.
Otro resultado del informe presentado por Encinas, reveló que 83 órdenes de aprehensión habían sido libradas por la FGR en Guerrero, dirigidas a mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta participación en este caso.
Fue también en 2022, que el ex procurador Murillo Karam fue detenido bajo los cargos de "desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa".
En este noveno aniversario de la desaparición de estudiantes normalistas, los padres de las víctimas, han mantenido reuniones en Palacio Nacional con el presidente de la República y diversos funcionarios de primer nivel, como Alejandro Encinas, la secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entre otros.
El objetivo de estos encuentros, es acelerar las investigaciones, para cumplir con lo prometido y dar por cerrada la investigación, entregando una versión que deje satisfechos a los padres.
El presidente ha señalado que lo más importante es dar con el paradero de los estudiantes.
Por su parte, los padres de los estudiantes siguen esperando esa respuesta que dé fin a su larga espera.
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