La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado que el litigio civil en curso en Florida, dirigido contra el ex Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y en espera de sentencia, ha avanzado a una fase de mediación.
Pablo Gómez, líder de la UIF, reveló esta información, señalando que el objetivo del Gobierno mexicano en este juicio es la recuperación de fondos por un valor de 634 millones de dólares.
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Estos fondos habrían sido desviados por entidades públicas mexicanas y canalizados a través de jurisdicciones offshore.
Gómez Álvarez explicó que como parte de esta fase del proceso, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) serán enviados a testificar contra García Luna.
“El Gobierno de México está reuniendo recursos y preparativos a través de la Secretaría de Seguridad para este juicio, donde se formalizarán acusaciones específicas”, destacó.
El director de la UIF también aclaró que el juicio en Florida no abordará la legalidad de los contratos firmados por García Luna, ya que ese asunto pertenece exclusivamente a la jurisdicción mexicana.
Sin embargo, lo que sí está bajo revisión internacional es el movimiento del dinero derivado de actividades ilícitas en México hacia el extranjero, y cómo una porción de esos fondos terminó en manos de García Luna, incluso después de haber dejado su cargo público, pero continuando su influencia en la adjudicación de contratos gubernamentales lucrativos.
“El foco está en el dinero que, proveniente de acciones ilícitas en México, fue transferido al extranjero, llegando finalmente a Miami a través de una serie de transacciones que involucraron a Barbados como punto intermedio”, explicó el titular de la UIF.
Durante una presentación en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Pablo Gómez reveló que a García Luna ya se le han confiscado 19 propiedades y que se han recuperado dos millones de dólares en el marco de este caso.
Este juicio representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno mexicano para combatir la corrupción y recuperar activos ilegítimamente obtenidos y transferidos fuera del país.
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