En una revelación el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto una serie de acuerdos políticos que, según él, influyeron en la decisión judicial de liberar a 88 personas implicadas en la trágica desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Esta acusación surge en el contexto de un fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en 2018, que anuló ciertas pruebas al considerar que se habían obtenido mediante tortura.
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Durante su conferencia mañanera, el mandatario argumentó que detrás de la resolución judicial existió una concertación entre el Poder Judicial, organismos de derechos humanos y los abogados representantes de los padres de los estudiantes desaparecidos.
El Ejecutivo federal sugirió que esta sentencia, curiosamente articulada en términos de derechos humanos, no parecía obra de juristas especializados en derecho constitucional o penal, sino más bien influenciada por lenguajes propios de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
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Liberación controversial y participación confirmada
El presidente expresó su consternación ante el hecho de que, tras la liberación de los acusados por supuestas torturas, se confirmó la participación de algunos de ellos en la desaparición de los estudiantes.
Esta situación ha llevado a cuestionar la integridad de la investigación y el proceso judicial, sugiriendo que hubo una manipulación con el fin de proteger a ciertos implicados y desviar el curso de la investigación.
Asimismo criticó el manejo de la investigación, indicando que se trató de prácticas indebidas o intereses ocultos que buscaron proteger a los implicados, distorsionando la verdad detrás de este caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana.
La declaración del presidente sobre la liberación basada en alegatos de tortura, y la posterior confirmación de culpabilidad en algunos casos, pone de relieve la complejidad y las controversias que aún rodean el caso Ayotzinapa.
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