El Gobierno de México presentó una acusación formal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador este martes, alegando violaciones graves del derecho internacional por el asalto a su embajada en Quito.
Este incidente, donde se arrestó al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien México había otorgado asilo, ha generado tensiones diplomáticas significativas.
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"Las acciones tomadas por Ecuador no solo transgreden los principios básicos del derecho internacional, sino que también establecen un precedente perturbador para la comunidad internacional", señaló el equipo legal mexicano.
Durante la primera audiencia pública celebrada hoy, se discutió la irrupción violenta de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana, la cual tuvo lugar la noche del viernes 5 de abril, y el trato hacia el personal diplomático presente.
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El representante de México, destacando la gravedad de la situación, insistió en que la conducta de Ecuador contraviene "una de las piedras angulares de las relaciones internacionales".
Además, subrayó que el incidente afecta la certidumbre legal que deben tener todos los estados soberanos y las organizaciones internacionales respecto a la seguridad y la inviolabilidad de sus espacios diplomáticos.
"La manera en que se llevó a cabo el asalto a nuestra embajada es alarmante y evidencia una negligencia deliberada hacia la seguridad de las personas involucradas, mostrando un desprecio por las normas internacionalmente reconocidas que rigen las relaciones diplomáticas", agregó el representante mexicano.
En respuesta a estos eventos, México ha pedido a la CIJ que imponga medidas cautelares contra Ecuador para asegurar la protección integral de las instalaciones diplomáticas, sus propiedades y archivos, y evitar futuras intrusiones.
Estas medidas también incluirían permisos para que México pueda asegurar y despejar sus instalaciones diplomáticas sin interferencias.
Tras las audiencias, que se extenderán por dos días, la Corte Internacional de Justicia se retirará para deliberar sobre la necesidad de implementar las medidas cautelares propuestas por México.
Se espera que la decisión se anuncie en las próximas semanas, marcando un momento crucial para el derecho internacional y las normas que rigen las misiones diplomáticas globales.
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