En una decisión histórica, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta medida coloca a Puebla como el decimocuarto estado en México en permitir la interrupción del embarazo sin penalización, marcando un avance significativo en los derechos reproductivos a nivel nacional.
Este lunes 15 de julio, tras una intensa discusión y votación, los legisladores representantes de los 217 municipios de Puebla votaron a favor de la despenalización del aborto. La medida fue aprobada con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.
Fuera del Congreso, grupos a favor de la despenalización celebraron el dictamen con música, porras y abrazos, mientras que los contingentes provida expresaron su descontento, lamentando la decisión y calificándola de trágica.
Opiniones contrapuestas en el Congreso
Durante la discusión de la iniciativa, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron posponer el debate y organizar parlamentos abiertos para escuchar a todos los sectores de la sociedad. La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia acusó a la legislatura de "traer la muerte a Puebla", mientras que su compañera Karla Rodríguez Palacios consideró que las reformas al Código Penal permiten un homicidio contra infantes.
Proceso legislativo y aprobación en Comisiones
El pasado 12 de julio, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó las reformas al Código Penal para permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Durante la sesión, se analizaron y aprobaron diversas modificaciones al marco normativo, estableciendo un rango claro para la despenalización del aborto.
La iniciativa aprobada también contempla sanciones para aquellos casos en que el embarazo sea interrumpido después de la doceava semana. Las penas van de seis meses a un año de cárcel para la mujer y de uno a tres años de prisión para quienes asistan en el aborto con su consentimiento. En casos de aborto forzado, las penas aumentan de ocho a 10 años de prisión.
IO