La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su rechazo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de trasladar migrantes indocumentados a la base naval de Guantánamo, Cuba.
Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria reafirmó la postura de su administración en favor del derecho internacional y la protección de los derechos humanos.
Sheinbaum condena criminalización de migrantes
Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno no está de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales, postura que ha reiterado en distintos foros internacionales.
"Obviamente no estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales. Nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos", declaró.
Trump ordena habilitar 30 mil camas en Guantánamo
La postura de la mandataria mexicana surge tras la firma de un memorando presidencial por parte de Donald Trump, en el que instruyó al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional a ampliar la capacidad del centro de detención para migrantes en la base naval de Guantánamo.
Según el documento, la orden contempla la habilitación de 30 mil camas para la detención de migrantes indocumentados.
Durante un acto en la Casa Blanca, el presidente estadounidense defendió la medida afirmando que su gobierno detendría a "los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense".
Migrantes en Guantánamo: ¿cómo opera el centro de detención?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha operado durante décadas un centro de detención para migrantes dentro de la base militar en Guantánamo. Este funciona de manera independiente a la prisión de alta seguridad utilizada para presuntos terroristas.
El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, confirmó que el ICE continuará administrando el centro con la capacidad ampliada. Actualmente, los migrantes que son enviados a Guantánamo suelen ser aquellos interceptados en el mar, en su mayoría procedentes de Cuba y Haití.
La medida ha generado reacciones en distintos sectores, especialmente entre defensores de los derechos humanos, quienes cuestionan la legalidad y condiciones del centro de detención.
IO