Seis relatores especializados en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador que esclarezca en ocho puntos las inquietudes generadas entre la población y comunidades indígenas sobre el Proyecto del Tren Maya (PTM), sobre todo ante los casos de hostigamiento y el impacto que tendrá la obra de infraestructura en la región en la que se desarrollará.
El escrito que se envió al Ejecutivo Federal lo firman los relatores David R. Boyd, sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Cecilia Jiménez-Damary, sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Clement Nyaletsossi Voulé sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Balakrishnan Rajagopal, sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos y José Francisco Cali Tzay, sobre los derechos indígenas.
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Los signantes especifican que lo envían de conformidad con las resoluciones 37/8, 41/12, 43/14, 43/16, 42/20 y 41/15 del Consejo de Derechos Humanos.
Exponen que piden la atención urgente del Gobierno Federal ante la información que recibieron sobre los posibles impactos del PTM para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, en su derecho a no ser desalojados y en su derecho a la salud, entre otros rubros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Dan a conocer que también enviaron esta comunicación con el mismo asunto a ONU-Hábitat, en la misma fecha.
Plantean que el Tren Maya comprendería una línea ferroviaria de aproximadamente mil 500 kilómetros y el establecimiento de alrededor de 18 estaciones y otra infraestructura turística que constituirían nuevos centros de población y “polos de desarrollo” en cinco estados del sureste de México.
También indican los cuestionamientos al proyecto con respecto al proceso de consulta y derecho al consentimiento libre, previo e informado; al Manifiesto de Impacto Ambiental; el Patrimonio Cultural; los desalojos inminentes; a la contingencia del COVID-19 y acceso a la justicia, y a la posible militarización de la obra ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hará los tramos desde Tulum, Quintana Roo hasta Escárcega, Campeche.
También les preocupa la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, lo cual implica riesgos de daños ambientales por las actividades del megaproyecto causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua; sobre todo porque los procesos de consulta indígena deben asegurar la debida representatividad de los pueblos y comunidades indígenas.
Los especialistas solicitan al mandatario nacional, proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas, así como indicar las medidas previstas para desarrollar los necesarios estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, así como medidas para asegurar que sean realizados de manera independiente, imparcial y con la participación de las comunidades indígenas.
Subrayan que se den a conocer de las medidas adoptadas para asegurar que personas defensoras de los derechos humanos, personas que levantan dudas o solicitan más información respecto al proyecto puedan manifestarse y ejercer sus derechos sin miedo a sufrir amenazas, desprestigio, agresiones y criminalización.
Y sobre todo que brinde información sobre cualesquiera medidas adoptadas para investigar, prevenir y sancionar la amenaza y otras posibles represalias en el contexto del Proyecto.
Por Wilbert Casanova