Guillermo Fabela Quiñones
La impunidad es otro de los grandes lastres que deberá enfrentar el próximo gobierno federal, fenómeno que se fortaleció durante el actual sexenio que está por finalizar, como lo apuntan múltiples hechos rigurosamente documentados. Hay mucho por hacer en este tema, cuya incidencia se refleja en todos los ámbitos de la vida nacional. Lo importante es que con la derrota de la derecha en los comicios del pasado mes de julio, se puede dar paso a una estrategia integral para erradicar el flagelo.
Se requerirá plena voluntad política del Ejecutivo, además de que tendrá que poner ejemplo de conducción honesta de la administración pública, factor esencial para lograr avances sustantivos. En este sexenio se llegó a extremos inauditos, tanto así que por ello el electorado se volcó a votar por Andrés Manuel López Obrador, quien prometió luchar contra la corrupción con toda la fuerza del Estado porque de ello dependerá el futuro de los mexicanos.
Puede asegurarse que si la punta de la pirámide del poder actúa con sentido de responsabilidad, con autoridad moral, sin una pizca de cinismo, como ha sido proverbial en la actual administración pública, a nivel nacional, el flagelo de la corrupción será derrotado. Sin embargo, es preciso reiterar el imperativo de luchar a fondo contra la impunidad, el principal motor de la corrupción, como se demostró con hechos contundentes durante el gobierno actual.
El miércoles pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), responsabilizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del trágico socavón que afectó la autopista México-Cuernavaca el 12 de julio de 2017. Señaló en su informe: “El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y las empresas involucradas”.
Con todo, para la Secretaría de la Función Pública (SFP) “es caso cerrado”, como afirmó la titular de la dependencia, Arely Gómez, pues según ella “en este caso se hizo una investigación integral, profunda y apegada a la legalidad”, como también se hizo en el célebre caso de la empresa Odebrecht, conforme a lo dicho por la funcionaria, quien a la pregunta de un reportero sobre si hubo impunidad en ambos casos dijo enfáticamente: “No, absolutamente no. Para la SFP ni en este caso ni el de Odebrecht hay impunidad”.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha puesto todo tipo de obstáculos a la fiscalía brasileña para que no prosiga sus pesquisas en el caso que involucró al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. En una nota reciente de la Associated Press (AP), se dio a conocer que las autoridades mexicanas no han aceptado firmar un acuerdo para formalizar el intercambio de datos (sobre el caso de los sobornos), requisito obligatorio para destrabar el asunto.
Es evidente que no ha existido una mínima voluntad política en el actual gobierno federal, ya no para enfrentar sino ni siquiera reducir el problema de la corrupción en las altas esferas del poder. El cinismo ha sido otro factor más que detonó el fenómeno a los niveles que tiene actualmente. Allí está el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien recibió una condena muy a modo para estar libre en tres años, una vez que pague una multa de alrededor de 58 mil pesos, ¡cuando desfalcó al erario veracruzano por más de 60 mil millones de pesos!
En consecuencia, el próximo Ejecutivo federal tiene un reto extraordinario en el combate a la corrupción y la impunidad, flagelos que tuvieron un crecimiento exponencial durante la etapa de oro del neoliberalismo. Ni qué decir que del éxito o fracaso de la política anticorrupción dependerá el rumbo de su gobierno. La sociedad mayoritaria estará muy atenta a todo lo que acontezca sobre este tema. Lo que pide es justicia, pero pedirá sangre en la medida que no vea resultados.
(guillermo.favela@hotmail)
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