Justicia a México sin consulta

Iván Alexander Baas Osorio

Hay una herida abierta en la conciencia del México actual: la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, laceración viva y palpitante, sangre que no deja de manar espesa. Dolor que quiebra los huesos y la memoria de los que han sufrido esta tragedia del narcotráfico. Gente sin rostro siempre desaparecida, cuerpos sin nombres pero que siempre son hermanos, hermanas, hijos, hijas, un país de un luto inagotable.

Los 43 de Ayotzinapa son el reflejo de la debacle en la que se encuentra el país, gestada durante los nacientes años 90, no es cosa de un sexenio, pues ahí están las muertes de figuras como Colosio o Posadas. Ayotzinapa es la marca de la corrupción y el Crimen Organizado, autoridades de la más alta esfera y capos de la droga, que en conjunto hicieron de México la gran fosa común, ilegal, de inmensidades aún desconocidas o no reconocidas.

Quiénes son los autores de esta novela de ficción surrealista creo que se sabe: políticos de la estirpe de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sí, hay gente en la cárcel por crímenes que atentan contra la salud y las autoridades mexicanas ya se empeñaron en atiborrar las celdas del país de sujetos a quienes se les puede imputar algún delito relacionado con las drogas.

Ya el “Rey” Zambada, durante el juicio contra el “Chapo” Guzmán en Nueva York, ha relatado con detalle la manera como en el pasado se sobornó a Gerardo García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que más bien fue un intento de tregua con el Crimen Organizado. En un pequeño esbozo del que declara contra Joaquín Guzmán Loera, éste advierte cómo se compró a las autoridades mexicanas y este proceso, seguramente, se reprodujo y se reproduce a lo largo y ancho de la república desde el inicio de la tecnocracia mexicana, es de esperarse, claro.

Más de 56 millones de dólares a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Federal de Felipe Calderón, dice el “Rey” Zambada que fue lo que entregó para dar paso libre a las drogas, un ejemplo de cómo se fraguó parte de la descomposición de las instituciones, las relaciones narco-gobierno y la rivalidad de grupos delictivos, parte del entorno adverso de lo que hoy vemos en el país: miles de muertes, de la muerte que tocó una por una la puerta de las casas, las viviendas, las ciudades, ríos y ríos de plasma escarlata: 100 ejecuciones en promedio al día durante el sexenio de Felipe Calderón. Definitivamente, por las implicaciones del Gobierno en esta atrocidad nacional, esto es un crimen de Estado, una afrenta a la Nación e ignominia en toda su extensión. ¿El Chapo? Sólo es el “chivo expiatorio”.

Era inevitable que la bomba no explotara en las manos de alguien, luego de tantas tapaderas, oficiales y mediáticas. Y precisamente por razones como ésta, el 1 de julio los ciudadanos, sin más opciones, decidieron depositar su confianza en Andrés Manuel López Obrador: primero, porque querían un cambio, un país sin corrupción, de esperanza. Segundo, porque los millones que sufragaron por él querían ver tras las rejas a muchos de los políticos que hoy aún sin inmutarse se cubren los hombros, como si de frío se tratase, con el manto de la impunidad.

Esto no se trata de venganza ni persecución, se trata de dignidad, de justicia por todos aquellos cuerpos irreconocibles que yacen aún en campos recónditos y deshabitados, perdidos entre la selva y el desierto, producto de la barbarie alcanzada en pos de las riquezas superficiales y mundanas. Por esto y por demás es una pérdida de tiempo la consulta ciudadana sobre si se juzga o no a los ex presidentes de México. No es un volado. El que tiene delito lo tiene, y debe enfrentar la fuerza de un verdadero estado de Derecho. Los mexicanos ya votaron por ello y por lo tanto Andrés Manuel tiene el respaldo para ejecutar las acciones que encaminen a hacer justicia a la nación, a la tierra, a sus hijos.