'El callejón de las trompadas”

Francisco Javier Pizarro Chávez

El gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, convocó el martes 4 de septiembre a una conferencia de prensa en la oficina de la representación de Chihuahua en la Ciudad de México, para dar respuesta oficial al comunicado emitido unos días antes por la Procuraduría General de la República, mediante el cual notifica el sobreseimiento del caso de Armando Gutiérrez, Secretario General Adjunto del PRI durante la presidencia de Manlio Fabio Beltrones, detenido en diciembre de 2017 por la Fiscalía General del Estado en un operativo realizado en Monterrey, acusado del delito de desvío de 250 millones de pesos, mediante el pago de contratos ficticios a empresas fantasmas, dinero que presuntamente fue a parar a las arcas del PRI para sufragar las elecciones estatales de 2016.

De entrada, el gobernador del Estado grande, presentó al Dr. Agustín Basave de larga trayectoria académica y política, como representante de su gobierno en la Ciudad de México, y le dio la bienvenida “al callejón de las trompadas” al concluir la conferencia periodística, en la que estuvieron presentes también diputados panistas de Chihuahua y la legisladora de Nuevo León.

La frase es descriptiva de las confrontaciones jurídicas, políticas y electorales que se han suscitado a lo largo un año y nueve meses, entre la Federación y el Gobierno del Estado. Ambas entidades, lejos de apegarse a la legalidad y el Estado de Derecho se han encajonado en un callejón de las trompadas como lo figuró coloquialmente el gobernador.

Desde la detención de Armando Gutiérrez, alias La Coneja, se ha generado una belicosa confrontación jurídica entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a versiones difundidas por el mandatario de Chihuahua, la PGR ha recurrido a diversos recursos para exonerar y proteger al imputado del peculado referido, entre ellas:

Un intento de rescate de parte de la Policía Federal del capturado en Monterrey y trasladado a Chihuahua; el desdén a la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía estatal a la Fepade y el Ministerio Público de la PGR el 6 y 7 de febrero; la resolución en el ámbito competicional emitida el 6 de abril por el Décimo Tribunal Colegiado en materia penal, que ordenó atraer al fuero federal el caso de Armando Gutiérrez, bajo el argumento de que el dinero desviado eran recursos federales y por último el sobreseimiento del caso por parte de la PGR por presunta falta de solvencia de la carpeta de investigación.

Ante los periodistas presentes en la conferencia, el gobernador Javier Corral, calificó todos estos hechos como una clara muestra de protección e impunidad, ya no únicamente al imputado del desfalco millonario operado presuntamente por Armando Gutiérrez sino también de los presuntos autores intelectuales que lo fraguaron –según Corral—, entre los que señaló a Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, José Antonio Meade, José Antonio González, Isaac Gamboa y Enrique Peña Nieto, “Personajes claves que tienen información y conocimiento del desvío de recursos y no fueron citados por la PGR”, pese a que testigos protegidos bajo el criterio de oportunidad, por la Fiscalía General de Chihuahua, los han señalado como operadores de la triangulación del desvío de recursos públicos, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernador y Secretario de Finanzas de Chihuahua y Comité Ejecutivo Nacional del PRI, denunció Corral.

Fue justo en ese momento en que la conferencia pasó del litigio jurídico entre la PGR y la Fiscalía y adquirió un inocultable sesgo político ya no sólo en el marco institucional entre la federación y el Estado, sino también en el personal entre Javier Corral Jurado y Enrique Peña Nieto.

El Consejero jurídico de la Fiscalía de Chihuahua enumeró los cauces legales que habrá de seguir para que no tenga efecto alguno el sobreseimiento del caso, avisado por la PGR.

Señaló que apelarán a varios recursos jurídicos: el de la apelación ante un Tribunal Unitario, el amparo directo ante un Tribunal Colegiado, amparo indirecto ante un Juez de Distrito, y adicionalmente se solicitará a la SHCP y la Fiscalía de la Auditoría Superior interpongan, por su parte, también recursos de apelación, así como el interponer una denuncia penal en contra del titular de la PGR y colaboradores, por delitos contra la administración pública.

El titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, por su parte, dio el salto de lo institucional y jurídico a lo político y arremetió contra Enrique Peña Nieto al que calificó como el presidente más corrupto y también contra el procurador general de Justicia —su “guardaespaldas”.

Recriminó con adjetivos duros el que no hayan extraditado al ex gobernador César Duarte, ni apoyado y dado solvencia a la carpeta de investigación que les hizo llegar la Fiscalía y en cambio sí hayan utilizado con “rapidez y eficiencia” sus herramientas y recursos para dar seguimiento a nivel nacional e internacional a la denuncia penal interpuesta contra el ex candidato presidencial del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya.

El 2 de diciembre, anunció Corral, estaremos de nueva cuenta en la Ciudad de México para hacer entrega de la carpeta de investigación a la nueva Fiscalía y solicitar al Presidente Andrés López Obrador dé cauce a la extradición de César Duarte. Mientras tanto, dijo, la Fiscalía seguirá en el marco de la “Operación Justicia para Chihuahua” integrando otras 5 órdenes de aprehensión de los cómplices del ex gobernador, cuya identidad el Ministerio Público mantiene en reserva.

No se requiere mucha perspicacia para entender que la respuesta del gobernador del Estado de Chihuahua al comunicado de la Procuraduría General de la República en el que anuncia el sobreseimiento y eventual liberación de Armando Gutiérrez, tiene alcances más allá de la procuración e impartición de justicia y del combate a la corrupción y la impunidad.

La conferencia de prensa que hemos reseñado puede ser también un acto político de presión al nuevo Presidente de la República y al fiscal con la finalidad de obtener por esta vía una respuesta satisfactoria a las dos demandas que tienen realmente obsesionado al gobernador Corral:

La pronta extradición y encarcelamiento de César Duarte y la asignación de un presupuesto solvente al Estado que gobierna que lo saque del hoyo de la ingobernabilidad en que está inmerso y le permita amortiguar la deuda heredada y creada por su administración. No se olvide que estos son los dos ejes fundamentales de su gobierno.

De no lograrlo va a volver al callejón de las trompadas ya no con el presidente saliente sino con el entrante. Téngalo por seguro.