Jorge Lara Rivera
Como un impío “déjà vu” (recuerde el caso del fementido cardenal australiano George Pell, “Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos” –para usos prácticos, Tesorero del Vaticano–, consejero muy próximo al Papa Francisco y considerado el número 3 de la jerarquía clerical, de 77 años, declarado unánimemente culpable en diciembre por el jurado de un tribunal de Melbourne por abuso sexual contra 2 menores, tras haber mentido reiterada y contumazmente negando las denuncias, pese a que enfrentaba numerosas acusaciones por negligencia y omisión ante abusos sexuales perpetrados por sacerdotes contra menores durante su ministerio en la isla continente de Oceanía, además de un juicio por encubrimiento de pederastia por el que en julio del 2018 fue condenado y cumplía prisión domiciliaria en casa de su hermana, en Central Coast), el lunes 7 de enero –mismo día en que durante una audiencia con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano con motivo del Año Nuevo, el Papa Francisco prometió que “la Santa Sede y toda la Iglesia están trabajando para combatir y prevenir tales crímenes y su ocultamiento, para averiguar la verdad de los hechos que implican a eclesiásticos y para hacer justicia a los niños que han sufrido violencia sexual, agravada por el abuso de poder y de conciencia”– comenzó por fin, tras mezquinos regateos de parte del clero (en septiembre el Vaticano rehusó que el cardenal español Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, compareciera ante los tribunales franceses, alegando “inmunidad diplomática”, pese a que las víctimas estiman “crucial” su testimonio, pues Barbarin lo consultó sobre cómo proceder frente a sus denuncias de pederastia en 2015), vilmente obsequiados de aquiescencia de la justicia francesa, el juicio contra uno de los más importantes jerarcas de la Iglesia gala, el cardenal de Lyon (desde 2002) Philippe Barbarin, de 68 años, y 5 miembros de esa diócesis, acusados de encubrir por años delitos sexuales perpetrados del cura Bernard Preynat contra menores –boys scout, como en Irlanda– entre 1986 y 1991, que enfrenta prisión de hasta 3 años y multas que podrían alcanzar 51 mil 500 dólares (45 mil euros).
Dos obispos ya han sido condenados en Francia pero a penas de cárcel exentas de cumplimiento por haber ocultado los comportamientos pederastas de curas que tenían a su cargo: a 3 meses el primero (en 2001) y a 8 meses el segundo (noviembre del 2018).
Aunque acepta que hubo “algunos errores en la gestión y nombramiento de ciertos sacerdotes”, el purpurado ha negado reiteradamente cualquier encubrimiento, ante lo cual fue tachado de mendaz en el 3er día de audiencia por Jean Boudot, abogado de las víctimas (“Yo le digo, cardenal Barbarin, que usted es un mentiroso cuando dice que se enteró en el 2014 del daño causado”), pues “está comprobado” que por lo menos desde el 2010 el purpurado tenía conocimiento de señalamientos contra el padre Preynat por comportamiento inadecuado anterior a 1991. El escándalo surgió en 2015 cuando 9 víctimas del pedófilo denunciaron los abusos y evidenciaron que pese a estar al tanto de los abusos, Barbarin no informó del caso a las autoridades del Estado y le permitió trabajar en la parroquia de Saint-Foy-lès-Lyon con niños a su cargo en colonias hasta que en 2015 se retiró.
El cura Preynat, quien no ha hecho declaraciones públicas al respecto, aunque en cartas a familiares de las víctimas admite los abusos, será encausado por violencia sexual contra varios menores. Inculpado y detenido afirmó que sus superiores en la Iglesia estaban al tanto de sus inclinaciones sexuales por los niños, por lo cual el cardenal fue interrogado al respecto. El mismo dio a entender a la prensa que había sido advertido de los comportamientos del cura desde hacía tiempo.
De cualquier modo el negligente cardenal no se reunió formalmente con una víctima sino hasta noviembre del 2014 y sólo entonces envió un correo a la Santa Sede comunicando lo que sabía el cual sólo hasta enero del 2015 le instruyó separarlo de su parroquia, algo que no cumplió sino hasta agosto. Parece superfluo que el obispo Emmanuel Gobilliard, 2º en jerarquía de la diócesis de Lyon, leyese en la víspera del juicio un mensaje de Barbarin rogando a Dios porque “se lleve a cabo el trabajo de la justicia” y “cure todo lo que tenga que curarse en el corazón de las víctimas de actos de pederastia tan injustos como terribles”, pues llama la atención el sesgo prejuiciado de la Fiscalía, encabezada por Charlotte Trabaut, en la Francia presidida por Emmanuel (Jean-Michel Frédéric) Macron, descartando por anticipado la solicitud de cárcel para el cardenal, consonante con el favoritismo seguido en el verano del 2016 cuando luego de 6 de meses de pesquisas y un interrogatorio al prelado de 6 horas, desechó el caso argumentando que el crimen de “ausencia de denuncia” de los hechos por el cardenal galo no estaba probado. Pero algunos de los más de 70 agraviados promovieron un procedimiento de citación directa que en Francia permite a las víctimas recurrir directamente a un tribunal penal para reabrir el caso, aunque cuando por fin llegó a la corte en Lyon, habían prescrito varios cargos.
En un insólito alegato la fiscal, con base en aquéllas investigaciones, señaló que ha prescrito el cargo de no ayudar a una persona en peligro y se carecía de pruebas suficientes como para condenar a los implicados por no denunciar violencia sexual contra un menor. Algo muy enfermo radica en la formación del sacerdocio católico como para generar esta epidemia que ahora, al menos, se conoce pero se ha practicado a lo largo de 2 mil años, mientras escudados en la fe y alegando una santidad que le es ajena condenaba cínico y cruel a los demás.