Ricardo Ravelo
Autoridades mexicanas y estadounidenses integran un voluminoso expediente criminal que implica a una banda de pseudoperiodistas dedicados a la extorsión de políticos, empresarios y funcionarios públicos y que entre sus antecedentes delictivos figuran sus presuntos nexos con el cartel de Tijuana, según consta en las indagaciones.
Esta amplia red delincuencial, cuyos integrantes se presentan como comunicadores y presumen relaciones con periodistas de medios de comunicación reconocidos –utilizan sus nombres como punta de lanza para amenazar a sus víctimas si no pagan sumas cuantiosas para no publicar información comprometedora– opera en Tijuana, Baja California, presuntamente al amparo de las autoridades locales.
Se trata de una organización temible que, de acuerdo con las investigaciones, también está dedicada al lavado de dinero en negocios de esa ciudad fronteriza. Un dato curioso: todos sus integrantes –al menos los que hasta ahora se conocen– tienen antecedentes penales en Baja California, pero por razones que no se explican más que por un presunto contubernio al más alto nivel esta organización de extorsionadores goza de impunidad. Nadie los toca.
De acuerdo con el expediente del caso 03309/2018 NUC No. 04-2018-55438, el jefe de la banda es José Santiago Correa Collazo, a quien se le relaciona con René Arzate García, un presunto sicario del cartel de Tijuana conocido en el mundo del hampa como “La Rana”, cuyo deporte es el asesinato. Su historia de terror es utilizada por Correa Collazo, según el expediente, “para ablandar a sus víctimas”.
Santiago Correa fue detenido el 15 de diciembre de 2018 en Tijuana y en plena flagrancia, justo en el momento en que un empresario le entregaba un sobre de dinero para que dejara de molestarlo en redes y en varios portales locales que utilizaba para enderezar sus campañas calumniosas.
El empresario ya lo había denunciado porque, según la acusación, desde hacía tiempo lo venía amenazando con publicar información comprometedora sobre sus negocios; también le dijo que dicha información iba a perjudicar a su familia si no le pagaba una suma millonaria.
El caso es que la policía estatal detuvo a Santiago Correa y lo puso a disposición el Ministerio Público. Le dictaron prisión preventiva por el delito de extorsión. Otras denuncias se sumaron en su contra por el mismo delito, aunque no tantas como se esperaba, pues muchos tuvieron miedo de hacerlo. Todo parecía que Correa Collazo se hundiría en prisión. Hasta donde se sabe, la Procuraduría de Baja California integró una amplia carpeta de investigación con pruebas fehacientes, pero ahora se duda de ello y sospecha de posibles actos de corrupción en el armado del expediente.
Sin embargo, en la audiencia del miércoles 9, la jueza Patricia Hernández Haro falló a favor del presunto extorsionador al declarar que puede llevar su juicio en libertad porque Correa Collazo no tiene perfil de alta peligrosidad.
Su defensa logró acreditar que este sujeto se dedica al oficio de peluquero y que nada tiene que ver con el periodismo ni con medios de comunicación. Ahora sus víctimas, entre los que se cuentan varias decenas, temen por sus vidas porque, dicen, “puede haber venganza. Este hombre está relacionado con el crimen y eso la autoridad judicial no lo valoró”.
EL MODUS OPERANDIS
La banda de Correa Collazo, según el expediente integrado por la procuraduría de Baja California, está integrada por Marco Antonio Lora, Alejandro Jiménez Gómez –quien se ostentaba como reportero de Televisa y amigo de Joaquín López-Dóriga–, Mariano Soto Cortez, Saúl Omar Castro y Ricardo Osuna, este último fue funcionario del área de Aduanas en Tijuana y del Gobierno del Estado.
Otros supuestos comunicadores mencionados como cómplices de la banda son, según el expediente, Mariano Rafael Soto –creador de la página “Tijuana sin Censura” y Miguel Rojas Salazar, autor de una columna titulada “Espejo de Sapos”. Todos tienen antecedentes penales.
Mariano Rafael Soto, quien tiene varias averiguaciones en su contra por distintos delitos, fue protegido por la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado: bajo el argumento de que había sido amenazado, la dependencia lo acogió en el programa de protección a periodistas en riesgo y por ello se le otorgaron los beneficios de rigor. Sin embargo, hoy se sabe que forma parte de la banda de extorsionadores.
De acuerdo con las investigaciones, Correa Collazo construyó una red de portales noticiosos para emprender las campañas difamatorias en contra de sus víctimas.
Luego se dio a la tarea de elaborar una lista de empresarios, funcionarios públicos y políticos –en algunos casos con antecedentes de corrupción, historias familiares marcadas por conflictos y desencuentros, la vida privada fue uno de los ángulos más explotados –y con todo ese arsenal informativo comenzó a publicar las historias y videos difamatorios.
Para ello, se valía de los portales “El Tijuanense”, “El Diplomático” “Búsquedas por Google” y las redes sociales –Facebook y otras– para alcanzar gran impacto entre el público. De igual forma compraban los “likes” para multiplicar el impacto y paralelamente realizaban llamadas a sus víctimas en forma constante.
Tenían una lista de al menos un millón de correos electrónicos, quienes a su vez reenviaban la información a sus respectivos contactos y las notas aparecían en twitter y las réplicas eran casi infinitas. Así doblaban cualquier resistencia a pagar la suma exigida.
Vía telefónica les decían a sus víctimas que “venía lo más duro si no cooperaban”, que iban a publicar información –y mencionaban algunos datos ciertos– sobre sus familias y con otro antecedente puntilloso y filoso arremetían para que pagara una suma y así cesara la campaña. El expediente de este caso señala que las extorsiones no bajaban de 100 mil dólares, dependiendo del nivel económico de cada personaje.
Cuando las cosas se complicaban o antes de que esto ocurriera, los pseudoperiodistas solían mencionar a sus víctimas los nombres de periodistas reconocidos a nivel nacional. Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga eran siempre referidos por la banda, así como sus espacios noticiosos, donde se publicarían las historias. Según las indagaciones, les decían que entregarían el material informativo para su publicación en algún medio de la Ciudad de México, desde donde el impacto sería todavía mayor.
En el expediente del caso figura una fotografía de Alejandro Jiménez Gómez, señalado como miembro de la banda y quien se ostenta como reportero de Televisa. En la imagen aparece abrazado con López-Dóriga, otrora titular del noticiero estelar de Televisa.
El grupo tenía una buena división del trabajo: unos se dedicaban a elaborar los videos, otros realizaban las investigaciones, edición de textos y su lanzamiento en portales y redes. Después de algunas horas, el cabecilla de la banda diseñaba la estrategia para el cobro.
También contaban con la complicidad de empleados de una compañía telefónica, quienes les proporcionaban los números telefónicos de empresarios y políticos. De igual forma, la banda contaba con un grupo de apoyo dedicado a hacer llegar mensajes a sus víctimas. Mandaban cajas y sobres con fotografías, recados y adelantos de las informaciones que se publicarían si no pagaban una suma.
De acuerdo con las investigaciones, la banda de pseudoperiodistas contaban –y cuentan porque todos están libres– con el contubernio de autoridades estatales, quienes les filtraban información sensible sobre investigaciones, aunque la mayor parte de las amenazas se realizaban con historias que jamás demostraban porque eran inventadas. Pese a ello, algunos personajes decidían pagar lo que les pedían para impedir escándalos en redes y alarma entre sus familiares.
Se sabe que entre algunos personajes que fueron blanco de campañas difamatorias de esta banda figuran la esposa del gobernador de Baja California, Brenda Ruacho de Vega, y Liliana Sevilla Rosas, exfuncionaria del gobierno municipal, esta última fue difamada mediante la difusión de videos y tuvo que pagar para frenar la campaña en su contra. Luego denunció los hechos y al presunto extorsionador –Mariano Soto Cortez, editor del portal “Tijuana sin Censura”– pero hasta ahora la indagatoria está archivada en la Procuraduría del Estado.
Luego de la detención de José Santiago Correa, el pasado 15 de diciembre, las autoridades revisaron el teléfono celular de este personaje. Lo que hallaron fue una lista de al menos cien nombres, entre funcionarios, políticos y empresarios que, de acuerdo con la investigación, fueron extorsionados o estaban por serlo.
Periodistas de Baja California se sumaron a la protesta y a las denuncias en contra de la banda de pseudocomunicadores y publicaron las historias de cada uno de los implicados en estos casos de extorsión.
En la Agencia Fronteriza de Noticias también se publicaron los antecedentes de la banda. Todos, sin excepción, tienen antecedentes penales por fraude, extorsión, entre otros delitos, y pese a ello, ninguna autoridad de ese estado actúa.
Otro dato que salió a relucir en el juicio de Santiago Correa es que tiene vínculos con el cartel de Tijuana –razón de peso para que el caso pueda ser investigado por la Procuraduría General de la República–, ya que está relacionado con los hermanos Arzate García, presuntos sicarios de ese grupo criminal.
Se menciona también que los posibles negocios donde blanquean sus capitales ilícitos son el bar “Mala Noche” y la peluquería “Noble y Fino”.
El miércoles 9, el caso sorprendió a propios y extraños cuando la jueza Hernández Haro dejó en libertad a José Santiago Correa por no tener un alto perfil criminal, además, argumentó que no se acreditó su relación con la actividad periodística ni con ningún medio de comunicación, pues se trata de una persona de oficio peluquero y no periodista.
Lo que trascendió –y la versión cobra sentido a partir de que toda la banda goza de libertad aún contando con denuncias y carpetas de investigación abiertas– es que el grupo criminal tiene arreglos muy fuertes y al más alto nivel en la Procuraduría del Estado, presuntos cómplices de esta red de extorsión que utiliza herramientas del periodismo para usufructuar con la práctica de la extorsión.
En Estados Unidos, el Buró Federal de Investigación (FBI) también investiga el caso, pues en San Diego, California, la banda también ha extorsionado a varios personajes y a menudo esa ciudad es utilizada como refugio.
El FBI ya cuenta con una amplia lista de páginas noticiosas que la banda utilizaba para difundir información calumniosa que después era utilizada para la extorsión. Agentes del FBI sostienen que esta red de pseudoperiodistas cobraban piso a funcionarios y empresarios para no publicar nada en su contra. Esto, dicen, es una modalidad del crimen organizado que usurpó el oficio periodístico para delinquir.
(SIN EMBARGO.MX)