Joel Ortega Juárez
La renuncia de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la punta del iceberg de un sistema judicial podrido.
Las leyes, fiscales, jueces, procesos, sentencias y cárceles surgieron y siguen siendo estructuras de poderes gestados, mantenidos y moldeados para garantizar los intereses de los poderosos. Desde que surgieron hace unos 15 mil años.
Hay casos célebres como el de Dreyfuss a fines del siglo XIX, un capitán de profesión ingeniero acusado de alta traición en 1894 y después de un gran escándalo sus familiares lograron demostrar su inocencia en 1896.
Los miles de esclavos crucificados encabezados por Espartaco fueron condenados de manera fulminante por el Imperio, tal como lo hacía con los Gladiadores el César poniendo su pulgar hacia abajo.
Jesús Cristo mismo fue juzgado y ejecutado en un “juicio” sumario.
Para acercarnos más a nuestros días y nuestro país hay que registrar el caso de 68 procesados sentenciados por hasta 17 delitos durante los “procesos” de 1968. Eran “reos” por los delitos de: homicidio, incitación a la rebelión, disolución social, pandillerismo, ataques a las vías generales de comunicación y otros.
En suma, el Estado por medio del Poder Judicial convirtió a las víctimas en victimarios. Acusando a los estudiantes, a maestros, intelectuales, científicos y militantes comunistas, socialistas, campesinos, trabajadores, oficinistas, algunos vendedores de “churros” de haber sido los “francotiradores” que causaron la matanza en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
La acusación fue tan burda, que el propio Estado tuvo que “retirar” los cargos a los presos políticos y por “goteo” los fue sacando de la cárcel, sin que jamás, hasta la fecha, se haya realizado un proceso de reparación del daño que debió resumirse en una sola cuestión: asumir la responsabilidad del Estado en la Matanza de Tlatelolco y dejar establecida la absoluta inocencia de los procesados y encarcelados en Lecumberri.
Otro tanto debe decirse de los prisioneros durante la guerra sucia y no se diga los centenares de desaparecidos y asesinados.
En México el 93.2% de los delitos no se denuncian. La gente no tiene confianza en las leyes, jueces, MP y por eso no denuncia.
Más del 90% de los delitos no se resuelven nunca. 96.1% a nivel Estatal y 93.2% a nivel federal. Según algunos estudios del INEGI y otros el 42% de los encarcelados son inocentes, 90 mil de 120 mil. El Estado, es decir los recursos obtenidos de la sociedad, gasta 150 pesos diarios para sostener a los presos. Unos 9,930 millones de pesos anuales de los cuales 6,560 se destinan a alimentos y vestimenta. Las cárceles están sobrepobladas al 130% de su capacidad.
Todo este panorama infernal se sustenta en una red de complicidades.
Medina Mora, a quien se filtró por el Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se le investiga por “triangulación” de recursos y “proteger” a personas o grupos relacionados con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No basta conque el Senado haya aprobado por abrumadora mayoría aceptar su renuncia, se le debe procesar por los delitos que cometió.
Apenas en esta semana fue suspendido como magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de México Jorge Camero Ocampo, por ser parte de una poderosa red de corrupción de miles de millones de pesos.
Si realmente estamos ante el inicio de un proceso de combate a la inmensa corrupción en el Poder Judicial, estaríamos ante un cambio de gran relevancia, si se trata de venganzas o de arreglos para sustituir a los magistrados por afines al Presidente sería una gran estafa. Veremos qué ocurre.