Porfirio Muñoz Ledo
El debate político entorno a la migración y el alegato jurídico que fundamentan la conducta del gobierno mexicano en la materia son motivo de intensas controversias, incluso dentro de nuestra mayoría política. Quienes apoyamos sin reservas la 4T podemos diferir en temas relevantes. Dejamos el pensamiento único a los tecnócratas y neoliberales. Así quedó de manifiesto durante la brillante comparecencia de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Tenemos divergencias. Nosotros partimos de que el derecho a la migración es un derecho humano y por tanto universal, irrenunciable, indivisible, interdependiente y progresivo. Otros en cambio, lo consideran sujeto a una serie de limitantes que favorecen la discrecionalidad administrativa en su aplicación. El artículo 11 de la Constitución establece que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Esta misma fórmula fue adoptada desde 1857 y con otro lenguaje en la Constitución de Apatzingán que determina la protección de los “transeúntes” por la sociedad.
En el ámbito multilateral este derecho está consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el cual se determinó que “toda persona tendrá el derecho de salir libremente de cualquier país, incluso del propio”. Esta última referencia estaba dirigida a los habitantes del bloque socialista en plena Guerra Fría. La diplomacia mexicana defendió arduamente durante más de cincuenta años este derecho, incluso llegó a promover la conformación de un grupo de países comprometidos en esa causa al que se le llamó la OPEP de la mano de obra.
Desde 1981 promovimos en Naciones Unidas la Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. La palabra “Todos” subraya la sustitución del término “ilegal” por el de “indocumentado”. Este instrumento aprobado en 1990 fue ratificado por México hasta 1999 debido a los temores hacia los migrantes del Sur: desde entonces un doble lenguaje oficial. Muy recientemente, en diciembre de 2018, 190 Estados firmaron en Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que contó con el activo apoyo de la diplomacia mexicana.
En la esfera bilateral tenemos acuerdos con los Estados Unidos en las más diversas materias a partir de los Tratados de Guadalupe-Hidalgo que sellaron el fin de la Guerra México-Norteamericana de 1848 y cedieron amplios acuerdos migratorios, políticos y económicos a los mexicanos, sobre todo a quienes se quedaron del otro lado de la frontera.
El refugio es una modalidad de la migración en que los países de tránsito y destino reciben a las personas que tienen fundados temores de ser perseguidos. Así lo mandata la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. A este tratado obedece la creación de COMAR como órgano desconcentrado de Gobernación en 1980 y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria que promulgamos, aún con ciertas limitaciones, en el año 2011.
Afortunadamente según lo dispuesto por los Artículos 1º y 133, los Tratados y Convenciones en materia de Derechos Humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución del país y debe de ser acatada la norma que favorezca más a la persona. Desgraciadamente las autoridades nacionales utilizan a menudo piruetas abogadiles para evadir sus obligaciones. Así la Secretaría de Gobernación que de conformidad a la Fracción XXXIII del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde “formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito”.
México tiene sobrados argumentos para reafirmar sus derechos en las negociaciones con los Estados Unidos y no caer en las deplorables concesiones en las que Donald Trump nos “usa” para sus beneficios electorales.