Pablo Gómez
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había anunciado una nueva política frente a la crisis de violencia delincuencial que vive México. Eso ocurrió desde que el ahora presidente era candidato.
Sin embargo, cuando se produjo el incidente de Culiacán el jueves 17 de octubre, la oposición actuó como si el país viviera bajo el gobierno de Felipe Calderón o en la guerra continuada de Enrique Peña Nieto. Para los diputados opositores el escándalo había consistido en el repliegue del operativo para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán y no en el despliegue del cartel de Sinaloa en todo un sector de la ciudad.
La conducta del gobierno fue comprendiéndose poco a poco, en tanto que se asimilaba la alternativa imperante en el momento del repliegue, así como el costo que hubiera sido necesario pagar con el enfrentamiento armado.
La política de López Obrador no consiste en la búsqueda del choque armado que, como ya se ha demostrado, genera más violencia y mayores daños humanos.
La nueva conducta del gobierno parte de analizar la crisis delincuencial en su complejidad social y política. Ante el colapso de la estrategia neoliberal empobrecedora y estratificadora, así como ante la crisis del Estado corrupto, entendido éste como sistema de gobierno, el fenómeno de proliferación de carteles y de lucha entre los mismos reclama intentar aislar esa delincuencia a través de una nueva política social, un combate a la corrupción, un nuevo esquema de seguridad pública y procuración de justicia, así como una nueva actitud frente a las drogas.
La decisión del gabinete de seguridad en el sentido de ordenar el repliegue, posteriormente apoyada por el Presidente, fue del todo congruente con esa nueva pauta que se tiene frente a un fenómeno que no se va a eliminar con la sola detención violenta de un capo ni con puros enfrentamientos armados.
El incidente de Culiacán no es algo aislado aunque éste haya sido especialmente grave y escandaloso. No es verdad que vaya a haber un antes y un después del 17 de octubre, ni que sea nueva la falta de control gubernamental del territorio ante la profundidad de la delincuencia armada. Lo nuevo ha sido la actitud asumida por el gobierno, su capacidad de repliegue para evitar una confrontación violenta que quizás hubiera llevado a muchas muertes, tanto de agentes del gobierno y delincuentes como de personas ajenas.
Culiacán está por doquier en alguna medida. La crisis de violencia delincuencial es profunda y extendida. Todos los días ocurren enfrentamientos, ya sea con la fuerza pública o entre los mismos carteles o pandillas que tienen sus guerras particulares, todo lo cual conlleva daños contra la población en general.
Se ha llegado a decir que la ley debe aplicarse aun frente al inminente peligro de violencia y graves daños que se puedan generar. Este planteamiento es cuestionable de por sí, aunque no sea extraño cuando lo formula la oposición política. Pero resulta condenable cuando procede, como ha sido el caso, del organismo nacional de defensa de los derechos humanos por boca de su presidente. Esta ha sido una vergüenza internacional.
Ni la elevación de penas ni la generalización de la prisión preventiva oficiosa, las cuales siguen de moda, deberían formar parte del nuevo esquema del gobierno para hacer frente a la crisis delincuencial de violencia. Así como se desechó la “guerra” contra los carteles, se tiene que admitir a plenitud que la seguridad pública debe asentarse en reformas sociales y en una nueva política criminal.
El Culiacán que tenemos casi por doquier no será eliminado con el uso de las ametralladoras, aun cuando sean muchas veces necesarias, sino con una nueva construcción que acabe con el Estado que lo prohijó. Este camino es el que se ha abierto. No permitamos que se cierre.