Raymundo Riva Palacio
Estrictamente personal
En el penthouse de un edificio sobre Periférico Sur, a la altura de San Ángel Inn, se encuentra el centro de operaciones empresariales de Javier López Casarín, que se presenta en su sitio oficial como un empresario innovador que fundó el grupo Reinventando México. No dice nada que desde este año es funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y menos aún, del papel que jugó durante la transición el año pasado, donde por instrucciones de Marcelo Ebrard, quien había sido nominado como próximo secretario de Relaciones Exteriores, concretó el infame acuerdo migratorio con Estados Unidos y la peor crisis migratoria en la historia de México.
Nada se hubiera sabido de estos acuerdos secretos de Ebrard y su viejo amigo, violentando todas las normas –como el que alguien sin representación alguna tomara decisiones de Estado–, sin informar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que estaba en funciones, ni consensuar con el equipo entrante de la Secretaría de Gobernación, de no ser por una revelación importante, aunque marginal, en el nuevo libro de los corresponsales del The New York Times en la Casa Blanca, Julie Hirschfield y Michael Shear, “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Inmigration”.
Hirschfield y Shear, dicen sus editores en Simon & Schuster, identificaron a los jugadores detrás de las políticas anti inmigrantes de Trump, mostrando cómo planearon, tropezaron y pelearon por cambios importantes en la política de migración que polarizaron a la nación. Los autores describen en el libro a López Casarín como “la mano derecha” de Ebrard, quienes el 15 de noviembre del 2018 acordaron en Houston los controvertidos Protocolos de Protección Migratoria, donde quienes piden asilo esperan la solución a su solicitud en México, donde, incluía el compromiso, México daría visas humanitarias. Este último punto provocó la crisis migratoria que tuvo como consecuencia la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles que, a su vez, significó la cesión de soberanía más grande que se recuerde en tiempos de paz.
Ebrard ha vendido su gestión con Estados Unidos como un gran éxito, pero las revelaciones de Hirschfield y Shear obligan al escrutinio del papel del canciller y López Casarín. Al futuro canciller nunca le gustó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador designara como embajadora ante la Casa Blanca a Martha Bárcena, una experimentada y reconocida diplomática que durante mucho tiempo antes de la elección, con su esposo, Agustín Gutiérrez Canet, tío de Beatriz Gutiérrez Müller, platicaban sobre política exterior. Ebrard intentó bloquearla, e incluso retrasó su ratificación en el Senado.
La tensión entre Ebrard y Bárcena explotó en los primeros días de diciembre, cuando la embajadora lo confrontó porque tenía información que la hermana de López Casarín estaba abriendo una oficina para llevar los asuntos del canciller sobre la Avenida K en Washington, donde se encuentran las grandes empresas de cabildeo en esa capital. Bárcena, según personas que conocieron la conversación, lo encaró y le dijo que debía quedarle claro que quien llevaba los asuntos de México en Estados Unidos era ella. Cuando en enero pasado la columnista de El Heraldo de México, Marta Anaya, mencionó la existencia de la oficina alterna, la Cancillería lo negó. Se había cancelado la apertura porque el presidente López Obrador había sido enterado de ello en noviembre.
Ebrard se quedó sin oficina alterna, pero a López Casarín le había dado atribuciones ilegales, Por ejemplo, sin representación oficial alguna, le instruyó a encargarse personalmente de la visita de Ivanka Trump, la hija del presidente, invitada oficial a la toma de posesión de López Obrador. La noche del 1 de diciembre, Ebrard ofreció una cena oficial en la Casa de la Bola en honor a la delegación de Estados Unidos que había asistido a la toma de posesión, donde figuraban la entonces secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nelson, y los gobernadores de Arizona, Doug Ducey, y de California, Jerry Brown.
En la puerta, recibiéndolos, no estaba el director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino Lilia Casarín, tía de Javier López Casarín, quien fungió como maestro de ceremonias sin tener en ese entonces ningún cargo.
La usurpación de funciones iniciada en Houston seguía. El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo que López Casarín fue sólo un facilitador con los estadounidenses porque Bárcena no había sido ratificada, sin tomar ninguna decisión. No explicó por qué un ciudadano sin responsabilidad legal, asumió funciones oficiales. Pese a que las señales de la irregularidad en el actuar de ambos empezaron a surgir en la prensa, no se detuvieron.
En marzo, el internacionalista Fausto Pretelín escribió en su columna en El Economista que era acompañante de Ebrard en reuniones internacionales, como una que citó el 3 de febrero en Montevideo, y meses antes, en la organización de la seguridad de la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, a la caída de la transición de López Obrador el 13 de julio. “Fue López Casarín”, agregó Pretelín, “el personaje que coordinó y distribuyó ‘La Verdad de la Línea 12 del Metro’, escrito con rasgos de libelo que incluía documentos en defensa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard”.
Los arreglos oscuros de Ebrard y López Casarín han quedado expuestos. No se sabe qué pasará y si las revelaciones en Estados Unidos provocan una reacción en el Senado. Por lo pronto, su incondicional, como presidente del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un órgano desconcentrado de la Cancillería, copresidió una reunión sobre innovación en Nueva Delhi, pasando encima del jefe de la delegación mexicana, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura.
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